El Consell de Govern, reunido este lunes en Ibiza por primera vez en esta legislatura, dio este lunes luz verde al nuevo marco legal que regulará el control de las fiestas ilegales en la isla. Una regulación que, entre otras cuestiones, contempla sanciones de hasta 300.000 euros contra los propietarios de las mansiones en las que se celebren estos eventos clandestinos. Estas sanciones, además, irán dirigidas contra los organizadores y los participantes en el evento ilegal.
A pesar de que el Consell de Ibiza apostaba inicialmente por la búsqueda de una modificación legislativa que permitiera a los agentes policiales entrar en estas mansiones en el momento de la celebración de la fiesta ilegal sin necesidad de tener una orden judicial, finalmente se ha optado por acciones como el incremento de las multas.
Según explicó la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, no es posible «cambiar el concepto de domicilio» porque este está amparado por la Constitución. Garrido recordó que, ni siquiera cuando se realiza una operación policial en el interior de un hotel, «es posible entrar en las habitaciones sin autorización judicial».
De ahí que, para «evitar problemas», se haya preferido un nuevo decreto ley en el que, además de las sanciones, se establece de forma clara qué es una fiesta ilegal. En este sentido, la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, explicó que una fiesta ilegal es un evento que «se celebra en una vivienda, con efecto lucrativo, al que la gente paga por ir y que se comercializa fuera de los canales convencionales».
Armengol subrayó que estas fiestas ilegales se dan en todo el archipiélago pero que afectan especialmente a Ibiza, perjudicando a la imagen de la isla en el exterior. A ello se suma que, según recordó la Armengol y tal y como ha defendido el presidente del Consell, Vicent Marí, estas fiestas ilegales «son competencia desleal para el ocio legal».
El nuevo decreto entrará en vigor el próximo jueves y el objetivo fundamental del mismo es «desincentivar» a quienes pretendan seguir organizando este tipo de fiestas en Ibiza, según señaló la consellera de Presidencia. Se trata de «poder parar la fiesta antes de que se realice». Garrido recordó que los propietarios tienen la «obligación de vigilancia». En este sentido, la consellera recordó que esto ya sucede en el área de Urbanismo y señaló que este tipo de multas contra quienes no respetan esta obligación de vigilancia son «efectivas».
La nueva regulación fija, además, cuestiones como la contratación de detectives privados que puedan infiltrarse en las organizaciones estas fiestas ilegales. Algo que podrá hacer el Consell d'Eivissa basándose en la Ley de Turismo, mientras que los ayuntamientos podrán actuar mediante la legislación que regula las actividades clasificadas.