La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado este miércoles a la Dirección General del Instituto Armado que busque soluciones y facilite el acceso a la vivienda a los 187 guardias en prácticas que estos días se incorporarán a su primer destino en Baleares, sobre todo en Ibiza y Menorca debido a la dificultad existente para encontrar residencia.
«Los alumnos próximos a salir desde la Academia de Baeza hacia sus primeros destinos en prácticas, especialmente en Baleares y concretamente en Ibiza y Menorca, se encuentran con un grave conflicto a la hora de encontrar alojamiento. Sobre todo por la época de incorporación que coincide con el periodo estival, de alta demanda inmobiliaria, lo que incrementa el coste de los alquileres en el caso dudoso de que se encuentre alojamiento», ha destacado Jucil en el escrito remitido a los medios.
Por todo ello, han solicitado «urgentemente» la adopción de medidas para dotar al personal de prácticas de un mejor acceso a la vivienda.
Según recuerdan, encontrar vivienda en alquiler en Ibiza y Menorca se ha convertido en «un auténtico problema» para muchos profesionales destinados en Baleares. Una dificultad que se agrava para los guardias civiles en prácticas, ya que se encuentran con la necesidad de tener que incorporarse obligatoriamente a sus destinos sin contar con una residencia dada la escasa oferta inmobiliaria existente y el elevado precio del alquiler.
«Para hacerse una idea, la vivienda media en Baleares en época de verano ronda entre 1.500 y 2.000 euros la residencia más económica, cantidad que en ocasiones aumenta hasta el doble de dicho precio», han destacado la asociación profesional en su petición a la directora general del Cuerpo, María Gámez.
Desde Jucil han lamentado que los guardias en prácticas en Baleares se ven sometidos a una «gran desigualdad» frente al resto de compañeros en otros destinos en la Península, especialmente si se tiene en cuenta que perciben bajos ingresos al ser reciente su incorporación.
La Asociación ha considerado que debería existir un «amparo real» para estos efectivos que comienzan su carrera profesional, ha precisado el secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada.
Desde la Dirección de la Guardia Civil o desde las instancias oficiales oportunas deberían gestionar con las administraciones locales el acondicionamiento de lugares públicos que contrarresten la problemática acaecida en cuanto a la oferta inmobiliaria en las Islas y que, de igual forma, se dé algún tipo de compensación o complemento singular para estos guardias afectados.