El Ayuntamiento de Sant Antoni ha suspendido el procedimiento de contratación de los servicios para demoler una edificación ilegal de casi 1.000 m2 dentro de la finca ecuestre denominada Finca Los Olivos, situada en la rotonda de entrada a Sant Rafel desde Vila. El coste con IVA de los trabajos estaba estimado en 474.820,72 euros.
La suspensión se aprobó en Junta de Gobierno el pasado 27 de julio como consecuencia de una providencia judicial del 8 de julio que concede a las partes tres meses para alcanzar una solución consensuada para la ejecución de la sentencia 328/2012.
Dicha sentencia declaraba nula la licencia de obra que había concedido el propio Ayuntamiento en lo que respecta a una construcción que se incluía en el complejo agropecuario como «edificio social». En la misma condenaba al Ayuntamiento a llevar a cabo las actuaciones correspondientes para la restauración de la legalidad infringida en la construcción del edificio.
El alcalde y responsable del área de Urbanismo, Marcos Serra, explicó que los arquitectos municipales y los de la propiedad se deben poner ahora de acuerdo para «ver cómo se ejecuta el derribo y si se hace de forma completa o parcial, para encajar esta construcción dentro de la legalidad».
En cualquier caso, Serra aseguró que el edificio no es legalizable en las condiciones actuales, por lo que será necesario, al menos, su derribo parcial.
Proceso de derribo
En el año 2016, la propiedad presentó un proyecto de derribo para el restablecimiento de la legalidad urbanística en cumplimiento de la sentencia 328/2012.
Sin embargo, desde esa fecha la propiedad no había iniciado ningún trabajo para ejecutar el proyecto para el que solicitó permiso municipal.
Es por ello que, en mayo de 2021, la Junta de Gobierno acuerda ejecutar la demolición subsidiaria de la construcción ilegal, para lo que se redactan los pliegos para licitar los trabajos que se publican en enero de este año. De haberse llegado a ejecutar, la propiedad habría tenido que pagar el coste de los trabajos además de la correspondiente sanción urbanística.
En marzo se produjo la apertura de sobres de propuestas por parte de la mesa de contratación. Seis empresas se presentaron para ejecutar el derribo para el que la administración había estimado un coste de casi medio millón de euros.
Ahora, tras la suspensión del proceso «considerando la incertidumbre que existe en cuanto al contenido del proyecto de obras de demolición», las partes deberán alcanzar un acuerdo que, en todo caso, deberá dar cumplimiento a la sentencia del año 2012 que obliga restaurar la legalidad.
El apunte
Una construcción que incumple los parámetros de una licencia nula
La construcción declarada ilegal, un centro social conforme al permiso municipal concedido en el año 2000 y posteriormente anulado, además de no cumplir con la ley para recibir licencia habría excedido notablemente las dimensiones fijadas para la edificación.
La licencia se concedió para un «centro social» de unas dimensiones de 481’71 m2. La realidad es que el edificio de tres plantas alcanza casi los 1.000 m2 construidos, conforme a las mediciones realizadas por los técnicos municipales. En el catastro figuraban declarados 629 m2. Conforme al proyecto de demolición, que denomina a esta construcción como «vivienda unifamiliar» por el uso que se le da de facto, tiene cuatro habitaciones con vestidor y sus respectivos baños, sala de estar, cocina, comedor, cuatro porches, biblioteca, archivo y un garaje de más de 300 metros cuadrados. La sentencia de 2012 considera nula la licencia por no haber recibido el interés general del Consell d’Eivissa.