El Ayuntamiento de Sant Josep ya ha derribado entre el 85 y el 90% de las construcciones ilegales e ilegalizables del complejo turístico irregular Casa Lola. Según informó el Consistorio, los trabajos de demolición y retirada de escombros «continúan a muy buen ritmo», por lo que «ya queda poco para retornar la finca a su estado original».
Asimismo, indicaron que ya se han derruido alrededor de 1.800 metros cuadrados entre edificaciones, piscinas y pérgolas, lo que supone alrededor del 90% de las estructuras ilegales de la finca. El Ayuntamiento de Sant Josep indicó a su vez que entre el 75 y el 80% de lo que se ha tirado abajo ya ha sido retirado como residuos y escombros.
En cuanto a los trabajos que aún quedan por ejecutar, desde la administración local destacaron el derribo de una construcción de instalaciones, tipo almacén, ubicada en Casa Lolita. También en este mismo enclave, concretamente en su zona exterior, también hay pendiente de derruir otra construcción «tipo cuarto de contadores».
Finalmente, en lo referente a la casa principal, ya se ha retornado prácticamente a la normalidad, «sólo falta retirar algunos elementos del tejado y algunos tabiques».
Hay que recordar que, tras la entrada a Casa Lola por orden judicial el pasado 9 de agosto, numerosos clientes que se encontraban en esos momentos en el establecimiento turístico han procedido a denunciar a la propietaria, Francisca Sánchez Ordóñez, por haber «alquilado las estancias sabiendo que el día 9 iban a entrar las autoridades para proceder a la demolición de los elementos ilegales». La representante legal de algunos de los afectados, Paula Sánchez, explicó que varios de ellos «habían pagado en efectivo cantidades muy elevadas de dinero». Es más, algunos de estos clientes «habían pagado el lunes, un día antes de la intervención».
La abogada recordó que la propiedad de Casa Lola «sabía desde el 19 de julio que el Ayuntamiento de Sant Josep estaba autorizado para entrar el 9 de agosto». Sin embargo, «fue alquilando Casa Lola y diciendo que no iba a pasar nada, que lo que decía el auto no se iba a llevar a cabo».
No quedaron ahí las denuncias de Paula Sánchez. Al parecer, y según relató en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, la propietaria de Casa Lola trasladó hasta este establecimiento a clientes de otro que tiene en las cercanías con el fin de evitar la intervención municipal. «Lo hizo a propósito», señaló Sánchez, «ahí había gente que había pagado el alquiler hasta el 30 de octubre. Esta gente ahora está muy desconcertada».
La abogada también señaló que uno de los detenidos el día en el que la policía entró en la finca, de nacionalidad mexicana, es «un conocido empresario de prestigio en su país». Este cliente de Casa Lola «cuando está en México, va con cinco guardaespaldas». De ahí que, cuando «la policía comenzó a aporrear la puerta de la habitación, él pensó que venían a secuestrarle».