La coordinación entre el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni y los empresarios del West End y delimitada en el decreto balear de lucha contra el turismo de excesos ha logrado reducir a casi sólo un incidente grave la afectación negativa de este tipo de turismo, según datos que ha conocido este martes el presidente Vicent Marí tras una reunión con el Cónsul británico en Baleares, Lloyd Millen.
De esta forma, la determinación del sector privado para acabar con este turismo de poca calidad, acompañado de la presencia constante de Policía Local de Sant Antoni y las redadas de inspección de los departamento de Ordenación Turística del Consell de Ibiza han logrado reducir muy notoriamente los efectos de los excesos. Así, la Oficina de Lucha contra el Instrusismo ha realizado 33 inspecciones específicas para velar por el cumplimiento del decreto de excesos, que se han traducido en 17 expedientes abiertos por diligencias previas y nueve expedientes con propuesta de traslado al Govern, competente de la sanción en la mayoría de aspectos de este decreto.
Por otra parte, el Consell no tiene, a día de hoy, constancia de ninguna inspección impulsada directamente por el Govern balear y, por tanto, no se ha dado por parte de la Comunidad traslado de ningún expediente a la institución insular, que tiene las competencias en instruir las sanciones relacionadas con los casos de balconing, la publicidad de prácticas denigrantes hacia las mujeres, la oferta de rutas etílicas, la publicidad de ‘party boats' y la obligatoriedad de consumir las bebidas alcohólicas en el local. El resto de artículos del decreto son competencia del Govern a través de diferentes consellerias, según recordaron desde la máxima institución insular de Ibiza.