El Consell d'Eivissa ha anunciado este jueves que ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados de instrucción toda la documentación que obra en su poder sobre la presunta contratación irregular con la asociación Amadiba para la prestación de servicios vinculados con el cuidado de menores y de personas discapacitadas en la anterior legislatura, en la que gobernaron PSOE y Unidas Podemos en coalición. Concretamente, para un centro de día para discapacitados y la atención en viviendas supervisadas para menores y mayores de edad con discapacidad.
Entre la documentación aportada se incluye un extenso dictamen jurídico de 140 páginas cuyas conclusiones aprecian la presunta comisión de delitos como negociaciones prohibidas, prevaricación, fraude y falsedad documental. «El fin nunca justifica los medios. No fueron capaces de concertar los servicios con las asociaciones oportunas, ni de aprobar la cartera de servicios para dotar de una estructura legal y de cobertura jurídica a las contrataciones de los servicios sociales. Fue una situación grotesca de contrataciones supuestamente irregulares. La falta de gestión, los engaños y las falsas expectativas llevan al bloqueo que estamos presenciando. Y no hay buena fe en quien promete que cobrarás sabiendo que no será así», señaló el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, en rueda de prensa.
Foto: Arguiñe Escandón.
Los hechos
El 25 de febrero de 2020, ya con el actual equipo de gobierno en el poder, Amadiba reclamó al Consell d'Eivissa 2,2 millones de euros por servicios prestados en materia de menores y de discapacidad entre 2017 y 2019. Una deuda que, en menor cuantía, ya se había reclamado en diciembre de 2018 y marzo de 2019 pero que según Mariano Juan se ocultó al nuevo equipo de gobierno. «No se tramitó ningún expediente de pago por estas reclamaciones y en el traspaso de poderes se escondió su existencia, nunca se informó», explicó Juan.
Ya en 2021, la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, acordó la instrucción de un expediente para dar respuesta a la reclamación de Amadiba y se requirió a la asociación a que justificara la petición de estos servicios. Según el relato de Mariano Juan, en agosto de aquel año, Amadiba aportó una serie de pruebas, entre ellas actas notariales de familias usuarias «que afirmaban que se reunieron con Vicent Torres el 28 de abril de 2016 con parte del equipo de gobierno y con la directora insular de Benestar Social, Judith Romero. Según Amadiba, en esa reunión se acordó la contratación de estos servicios a Amadiba y una hoja de ruta para que extendieran su red de servicios en Ibiza», apuntó Juan, quien añadió que también aportaron grabaciones de asambleas en las que aparecen «varias conselleras que reconocen que existe esa deuda y que las facturas se pagarán».
Podemos apunta a Torres
Una vez con esta documentación en su poder, el Consell dio audiencia tanto a Vicent Torres como a la exconsellera de Benestar Social Lydia Jurado y a su número dos, Judith Romero, para que ratificaran que, como sostiene Amadiba, se habían encomendado estos servicios de forma verbal, sin ningún tipo de procedimiento y sin el aval de ningún técnico, «puesto que en (el departamento de) Servicios Sociales nadie reconocía estos encargos hechos a Amadiba». En este sentido, Vicent Torres se negó a recibir el oficio enviado por el Consell, mientras que Jurado y Romero alegaron «buena fe y que actuaban por orden del presidente».
Presiones a una funcionaria
El dictamen también señala un informe del 12 de enero de 2023 en el que una funcionaria afirma que «en el nombre del presidente (Vicent Torres) se le instaba a dar facilidades de financiación» a Amadiba y que recibía presiones para conformar facturas en base a un contrato «que el dictamen tacha de fraudulento», destacó Mariano Juan.
El hecho de que ningún político, técnico o jurista asuma que se encargaron los servicios de Amadiba sin cobertura legal hace imposible que sean regularizados los pagos mediante reconocimiento extrajudicial de deuda o con omisión de la función interventora, los dos procedimientos extraordinarios que tienen las administraciones para regularizar este tipo de situaciones. «Se ha esperado pacientemente a que alguien dijera esta boca es mía. No podemos esperar más. Podríamos haber denegado directamente la resolución del expediente y abrirle la vía a Amadiba para a un contencioso-administrativo que habría durado años. Los hechos son de tal gravedad y descaro que desbordan lo que es una irregular administrativa y nos llevan al ámbito penal», apuntó Juan, quien añadió que ahora se abre una oportunidad para que «los implicados aclaren cómo se encargaron esos trabajos para que puedan pagarse».
El dictamen también concluye que el hecho de que la exdirectora insular de Benestar Social Judith Romero comenzara a trabajar en Amadiba justo después de abandonar su cargo político podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y del código ético del Consell.
El apunte
Jurado firmó dos contratos ficticios cuando los expedientes ya estaban archivados
Entre la documentación presentada por Amadiba hay dos contratos firmados por la exconsellera Lydia Jurado con fechas 1 de enero y 23 de marzo de 2018 sin que conste tramitación alguna. De hecho, el 2 de marzo de 2018 el Consell Executiu archivó dos expedientes de contratación que coincidían con los objetos firmados por Jurado. La exvicepresidenta Viviana de Sans ratificó ante la Oficina Anticorrupción que Jurado había firmado, por lo menos, el contrato ficticio del 1 de enero.