El Consell Ejecutivo del Consell de Ibiza ha resuelto interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano extranjero por comercializar una vivienda turística ilegal en la localidad de Sant Jordi. La vivienda se publicitaba como «perfecta para grupos» con capacidad para 16 personas, con un calendario de disponibilidad, estancia mínima de 7 días, indicaciones para hacer el chek-in y chek-out, cancelaciones de reserva, la exigencia de un depósito de seguridad y con opción de servicio de limpieza.
El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia documentó dicho alquiler turístico y el servicio de inspección turística del Consell de Ibiza revisó esta vivienda, tramitando así el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización del alojamiento sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.
Según han informado este viernes desde el Consell, en un principio, se imputaban dos sanciones de 20.000 euros cada una: una para el comercializador (que era el inquilino de la vivienda) y otra para el propietario, ya que la ley balear hace responsable a los propietarios si no actúan ante estos hechos, al tener conocimiento de que su vivienda se está publicitando como alquiler turístico y haciendo caso omiso. El propietario denunció a su inquilino por vía penal y quedó libre de la sanción.
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que este caso «es un ejemplo de cómo actúa la ley si los propietarios denuncian a sus inquilinos en el caso de que comercialicen la vivienda que tienen alquilada: «quedan libres de una sanción que, ahora mismo, con la reforma de la ley turística, puede llegar a los 40.000 euros». También ha destacado «la importancia de la colaboración institucional y de hacer correctamente las tramitaciones: el Ayuntamiento de Sant Josep sí documentó como toca este alquiler turístico, con identificaciones y actos policiales, lo que facilita el trabajo de los servicios de inspección del Consell y así poder tramitar esta sanción».
Desde de la creación de la Oficina Antiintrusismo se ha triplicado la recaudación de multas respecto a la legislatura pasada, con 1,1 millones de euros en sanciones turísticas y 41 expedientes resueltos en los últimos 12 meses.
Y se a pagado? ¿O el alquilador está ya hace tiempo en Nápoles? Y lo de las inspecciones suena a cachondeo, porque si las hubiese de verdad, el 90% de la hostelería estaría cerrada