El Consell de Govern ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en materia de servicio público discrecional del transporte de personas viajeras y en otras vinculadas a sectores económicos, que entre otras cuestiones agiliza la concesión de licencias temporales de taxi de los ayuntamientos o posibilita la contratación por plaza del transporte discrecional en autobús.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, quien ha detallado que este decreto busca ofrecer más servicio público en el transporte de viajeros para residentes y visitantes, y garantizar el derecho a la movilidad.
En este sentido, incluye medidas de carácter temporal, que son aplicables durante la temporada alta de verano como la contratación por plaza, o reclamaciones del sector como la declaración del servicio de taxi como servicio público de interés general.
En detalle, el Decreto ley posibilita, por un lado, la contratación por plaza en el transporte discrecional de viajeros en autobús, en origen o destino en puertos y aeropuertos de las Islas. Pueden ser objeto de contratación por plaza, con pago individual por asiento, el transporte discrecional en autobús que tenga su origen o destino en los aeropuertos de Baleares o en los puertos La Savina, Ibiza, Ciutadella, Maó, Alcúdia y Palma.
La contratación debe realizarse con una antelación mínima de 24 horas y el servicio discrecional no puede utilizar en ningún caso las paradas reservadas para las líneas regulares de autobús. Con carácter excepcional, el conseller podrá autorizar la contratación por plaza en caso de eventos de afluencia masiva de público en los que la demanda no pueda ser atendida adecuadamente por los servicios regulares existentes, entre otros supuestos. Este servicio sólo se podrá aplicar en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, prorrogable por las mismas fechas en el año 2024.
Asimismo, respecto al procedimiento excepcional para otorgar licencias temporales de autotaxi, se trata de una medida excepcional para 2023, cuando los ayuntamientos podrán otorgar licencias temporales de autotaxi sin la previa aprobación del plan regulador establecido en el artículo 53.4 de la Ley 4/2014. Esto dará mayor capacidad de respuesta a los ayuntamientos frente a incrementos de demanda porque reduce los plazos de tramitación.
Estas licencias temporales se podrán otorgar mediante un acto administrativo motivado que determine su adjudicación, las condiciones de prestación del servicio, el número mínimo y máximo, las condiciones a las que deberá ajustarse, los derechos y obligaciones, la cuantía de la tasa, supuestos de revocación, plazo de duración y demás condiciones que consideren adecuadas o necesarias.
Además, el decreto establece una serie de medidas para las autorizaciones de los vehículos de alquiler con conductor (VTCs) que quieran realizar servicios de ámbito urbano. Necesitarán de la autorización del municipio donde esté residenciado el vehículo y las nuevas VTC tendrán que pedir licencia municipal y seguir el correspondiente procedimiento competitivo para conseguirla.
También se reconoce en el servicio de taxi la condición de servicio de interés público. De este modo, se le considera parte integrante de los servicios de movilidad pública, como medio para asegurar un servicio de calidad suficiente y homogéneo para todos los ciudadanos.
Además, se establece que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor del decreto, el Govern debe determinar, con el acuerdo de los consistorios, las condiciones de un régimen especial unificado de recogida de viajeros en Mallorca para taxis. Se trata de un régimen unificado basado en la utilización de una aplicación tecnológica única y un sistema tarifario homogéneo.
Por otro lado, el decreto ley incluye la distribución de la ayuda estatal para el establecimiento del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las Islas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 contemplan un importe de 43 millones de euros, que se distribuye entre las diferentes administraciones o empresas gestoras de transporte terrestre colectivo de Baleares.
En concreto, este reparto es de 18.785.756 euros para la EMT; 8.619.248 euros para el Consorcio de Transportes de Mallorca; 6.046.935 euros para Servicios Ferroviarios de Mallorca; 5.602.059 euros para el Consell de Ibiza; 3.516.811 euros para el Consell de Menorca; y 429.191 euros para el Consell de Formentera.
También se modifica la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas en lo que se refiere a la inmovilización de vehículos. El nuevo texto reduce a tres meses el período de aplicación de la medida cautelar de inmovilización del vehículo. Pasados estos tres meses, la administración responsable podrá dar por finalizada esta inmovilización y proceder al desguace.