El Ayuntamiento de Sant Josep no podrá llevar a pleno antes del mes de abril el instrumento de gestión urbanística del terreno donde se ubicará el edificio para realizar la permuta con los apartamentos Don Pepe. Según explicaron fuentes consistoriales, la documentación relativa a este proceso «llegó hace poco y no ha dado tiempo a tramitarla para el pleno del mes de marzo», que se celebrará la próxima semana, por lo que tendrá que llevarse para su aprobación en el del mes de abril. Una circunstancia que el Consistorio «ya ha informado a los representantes de los vecinos».
Hay que recordar que el decreto ley 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urbanística, el popularmente conocido como ‘decretazo urbanístico', exigía al Ayuntamiento que, en el plazo de dos meses tras su entrada en vigor, tenía que haber definido en acuerdo de pleno el instrumento de gestión urbanística del terreno donde se ubicará el edificio para los vecinos de los Don Pepe, si dicha gestión urbanística se llevaría a cabo mediante el sistema de reparcelación o aplicando el sistema de expropiación. Una aprobación que se tendría que haber producido como muy tarde el pasado 28 de febrero.
Desde la administración josepí reconocieron que se había incumplido este plazo legal, pero tras haber realizado la consulta pudieron constatar que no tendría consecuencias.
Cesión de terrenos
El pasado 30 de junio el Ayuntamiento de Sant Josep optó por la fórmula de la cesión de terrenos para la construcción de las viviendas que permutarán a los propietarios de los apartamentos Don Pepe. Según informó el alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, en un primer momento se había optado por la realización de una compra de terrenos, pero finalmente se rechazó esta opción «porque se dilataría mucho en el tiempo» ya que, además del proceso de adquisición, «había que hacer la transformación urbanística y luego la transformación física».
El Consistorio decidió finalmente ponerse en contacto con una serie de propietarios de terrenos en la zona de Sant Jordi y Platja d'en Bossa y encontró uno que haría esta cesión a través de la figura de un SUDO (Suelo Directamente Ordenado). Mediante este acuerdo el propietario cedía algo más de 8.000 metros cuadrados para la construcción del edificio y toda la vialidad de la zona a cambio de una clasificación de 4.000 metros cuadrados en la misma finca, además de toda la urbanización, que correría a cargo del Ayuntamiento.
Pese a haber definido públicamente cuál sería el instrumento de gestión urbanística de los terrenos, el Consistorio todavía no lo ha llevado al pleno de la institución, tal y como especificaba el ‘decretazo urbanístico', tras más de dos meses de su entrada en vigor.
TODO LO QUE NO SEA PAGAR POR SUS CASAS SERA UN ESCANDALO, LOS CONTRIBUYENTES NO TIENEN EL PORQUE PAGAR LAS MALAS INVERSIONES DE UNOS POCOS.