Patronales o formaciones políticas de las Pitiusas expresaron ayer su preocupación tras las denuncias efectuadas por los agentes de Policía Nacional o por los guardias civiles ante la falta de viviendas a precios asequibles.
Desde la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF), el presidente Alfonso Rojo reiteró este malestar por una problemática que se acrecenta año tras año y recordó que la falta de efectivos puede suponer un gran perjuicio para las Pitiusas puesto que la seguridad siempre ha sido una de las bazas del sector turístico para atraer visitantes.
También consideró que, al igual que muchos empresarios se han preocupado por facilitar alojamiento a sus trabajadores, la Administración debería implicarse en una efectiva búsqueda de soluciones.
Desde Caeb en las Pitiusas, el vicepresidente José Antonio Roselló reconoció que las dificultades habitacionales que sufren los funcionarios desplazados a las islas no varían mucho de lo que padecen los ciudadanos en general, evidenciándose un «grave» problema de vivienda.
Roselló consideró que el hecho de que cada vez sea más habitual solicitar por adelantado el pago de una temporada -aunque es una práctica ilegal- pone de manifiesto la «esconfianza» de los propietarios, con una Ley de arrendamientos urbanos que no facilita el alquiler.
Para el experto, quien está fallando en esta problemática concreta es el Ministerio del Interior: «Debería conseguir un parque de viviendas en alquiler bajo la garantía del propio Estado o del Ministerio. Sería la solución más rápida».
Roselló reiteró que el problema «debe ser tratado en clave nacional».
Desde el Partido Popular, el diputado Miguel Jerez recordó ayer que el PSOE prometió construir 120 viviendas para funcionarios en un solar situado junto a la Comisaría. «Ni tan siquiera han sido capaces de dibujar un plano. Cuatro años después, los policías se ven obligados a dormir en sus vehículos o a marcharse a otros destinos. Esto no hubiera sucedido si hubieran cumplido su palabra», lamentó.
Jerez aseguró que es «inasumible» que un agente deba adelantar desorbitadas cantidades de dinero para disponer de una vivienda, «pero también resulta intolerable que, disponiendo de un solar en pleno centro de la ciudad, Josep Marí Agustinet y Pedro Sánchez lo desaprovechen de esta forma. Firmaron un protocolo de intenciones y lo dejaron caducar a conciencia. Han tenido tiempo y les ha faltado voluntad».
El diputado defendió además el necesario incremento del plus de insularidad para todos estos efectivos, recordando que los funcionarios en Baleares son los peor pagados de España, principalmente por el alto coste de la vida.
«No nos podemos permitir quedarnos sin funcionarios en uno de los territorios que fiscalmente más aporta al Estado. Es una estafa que nos convierte en ciudadanos de segunda», concluyó.
Este miércoles, el Ayuntamiento de Santa Eulària abordó en su Junta Local de Seguridad la posibilidad de ampliar instalaciones para conseguir incrementar la plantilla de la Guardia Civil en el municipio. En este sentido, reiteró al Ministerio del Interior el ofrecimiento de unos terrenos en Santa Gertrudis donde podría construirse un nuevo cuartel, o casa cuartel, para los agentes.