El fiscal británico Mark Robinson tiene una segunda residencia en Ibiza en la cual la familia suele pasar sus períodos vacacionales. Según señala The Objective, la esposa y la hija del magistrado llegaron a la vivienda situada en Sant Antoni en Semana Santa para descubrir que se encuentra okupa.
La familia Robinson llegó al inmueble heredado por Sophie Robinson el pasado 4 de abril sobre las 23.30 horas cuando se dieron cuenta de que las luces de la casa se encontraba encendidas y al intentar abrir la puerta se percataron de que la cerradura había sido cambiada.
Instantáneamente dieron la voz de alarma a la Policía Local y a la Guardia Civil, quien indicó en el atestado citado por ese portal que «personándose ambas patrullas se entrevistaron con el ocupante del inmueble. Este manifestó que no tenía dónde vivir y que por eso ocupó la vivienda junto a su mujer y sus dos hijos».
Según señala The Objective, una vecina habría desmentido esta versión al constatar que en el jardín de la vivienda se encontraban al menos otros cuatro hombres que ella divisó cuando las patrullas ya se habían retirado del lugar.
Un mes después, los okupantes siguen en el inmueble a pesar de haber presentado una querella por delito de usurpación en los Juzgados de Instrucción de Ibiza, que explican que aún no ha sido admitida, y un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza solicitando como medida cautelar el urgente «desalojo del inmueble ocupado, así como su debida restitución a su propietario evitando de esta manera la continuidad de la acción delictiva».
«El atestado policial no ha llegado aún al juzgado y todavía no se han abierto las diligencias previas para expulsarlos de nuestra casa. La Guardia Civil nos dijo que ellos no podían hacer nada porque cuando llegaron solo había un hombre, una mujer y dos niños a los que no pueden echar sin orden judicial porque dicen que son una familia y no tienen dónde vivir. Pero sabemos que hay más gente en la casa y para la policía debería ser fácil comprobarlo. No comprendemos cómo es posible que exista una laguna legal así respecto a la okupación en España», señala Sophie Robinson en declaraciones a The Objective.
Ese mismo medio apunta que la familia del magistrado que ejerció de enlace entre España y Reino Unido entre 2011 y 2019 ya ha contactado con una empresa privada de desokupación y aseguran que ya están en la isla «hablando» con los okupas para que «se vayan cuanto antes».