El Consell d'Eivissa y los cinco ayuntamientos de la isla han acordado este lunes la elaboración de un censo de solares disponibles para la construcción de nuevas viviendas. El acuerdo se ha formalizado durante la celebración del primer Consell d'Alcaldes de la legislatura, presidido por Vicent Marí y en el que han participado los primeros ediles Rafa Triguero, Carmen Ferrer, Marcos Serra, Vicent Roig y Tania Marí. El objetivo de este censo es conocer la disponibilidad de suelos que pueden destinarse de forma rápida a la construcción de vivienda e intentar paliar así el grave problema que atraviesa Ibiza en este sentido, además de poder «coordinar desde Ibiza» parte de las soluciones.
No todos estos solares se pondrán a disposición del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), según ha explicado el presidente del Consell, Vicent Marí. El objetivo de la institución insular y de los ayuntamientos es agilizar la construcción de viviendas y para ello se potenciarán otras vías como las promociones de carácter público-privado, las cooperativas o las iniciativas privadas destinadas a vivienda de alquiler a precio tasado. «Se trata de poner sobre la mesa todas las posibles soluciones», ha dejado claro el presidente, «y que, desde el punto de vista insular y municipal, se puedan arbitrar las medidas que están dentro de nuestras competencias». En este sentido, ha explicado que, por ejemplo, se buscarán fórmulas para agilizar la concesión de licencias o la modificación de densidades de construcción. Pero para ello es necesario que las administraciones de la isla puedan tener «una visión global de la situación». Y siempre sin perder de vista el objetivo de «no consumir más territorio».
«El de la vivienda es un problema serio que no tiene fácil solución», ha admitido Marí. Pero también ha señalado que las administraciones deben «ir poniendo medidas sobre la mesa para incrementar el parque de viviendas para trabajadores, tanto del sector privado como del público». Así, además de los solares, el censo contendrá aquellos edificios o estructuras inacabados que pueden adaptarse a esta necesidad.
A estas medidas acompañarán otras destinadas a la lucha contra el alquiler ilegal de viviendas turísticas. «Hay que incrementar la lucha contra el intrusismo», ha dejado claro Marí, «la oferta ilegal llega a superar a la legal en algunos puntos de la isla». Por ello, el Consell d'Alcaldes ha dado también luz verde a la creación de un protocolo de actuación que implicará a los ayuntamientos y a sus respectivas policías locales con el fin de que puedan «perseguir de forma contundentelas viviendas turísticas ilegales». Se trata de «sancionar y disuadir» y para ello serán necesarias «modificaciones legislativas» como las que deben permitir que el Consell o los ayuntamientos puedan precintar estas viviendas en cuanto se inicia el expediente sancionador.
Marí ha recordado que, una vez que se conforme el nuevo Govern balear, todas las administraciones estarán en manos del PP, por lo que, ha señalado, «no hay excusas» para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante estas modificaciones legislativas. «La contundencia contra los alquileres turísticos ilegales», ha insistido el presidente, «ha de venir de las inspecciones, las sanciones y los cambios legislativos». Medidas que, ha abundado, «deben disuadir a aquellos que quieran comercializar de forma ilegal las viviendas».
«Las leyes y las sanciones han de ser disuasorias», ha advertido Vicent Marí, «las sanciones actuales no son suficientes y el que va a hacer algo ilegal debe ver que no le merece la pena. Es necesario romper la dinámica y debemos poder adoptar medidas cautelares muy contundentes que permitan paralizar la actividad ilegal».
El presidente, finalmente, ha recordado que la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que se aprobará en breve ya contempla medidas importantes para hacer frente al problema que ha supuesto el alquiler turístico en Ibiza. En estos momentos, hay unas 19.000 plazas legales. Pero con la nueva norma urbanística se reducen a 1.000 las viviendas que podrán obtener licencia para esta actividad. «Ahora mismo hay unas 13.000 viviendas que podrían obtener este permiso», ha señalado Vicent Marí, «pero, con el nuevo PTI, serán solo unas 1.000. En concreto, serán viviendas construidas antes de 1956 y que cumplan unas condiciones muy determinadas».