La Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico Artístico, más conocida como CIUTUPHA, ha dado luz verde este jueves al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila. Un plan que, sin embargo, no entrará en vigor hasta «dentro de unos meses» porque, según ha explicado el presidente del Consell, Vicent Marí, será necesario aún modificar algunos de sus puntos, según las indicaciones de la propia CIOTUPHA y de la Dirección General de la Costa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
En este tiempo, el Ayuntamiento, gobernado por el popular Rafa Triguero, aprovechará para, además, «desarrollar el debate» sobre la modificación del punto del PGOU que obliga a los promotores a ceder un 30% de suelo para la construcción de vivienda de protección oficial. El alcalde ha recordado que el planteamiento del PP sobre esta obligación «ha sido claro». Y es que los populares nunca han apoyado la cesión de un porcentaje tan elevado y se han mostrado más partidarios de que esta fuera inferior al 20%. Triguero ha explicado que la cesión del 30% será repercutida por los promotores en el precio de las viviendas de venta libre, lo que agravará aún más el problema. «Nuestro planteamiento ha sido claro», ha indicado al respecto, «no queremos que se vea afectado el precio por metro cuadrado al tener que ceder ese 30%. Se estudiará en los próximos meses porque es una medida que se planteó para facilitar las cosas y que puede afectar al precio».
El PGOU, por otro lado, mantendrá suspendidas en ses Feixes las unidades de actuación de es Pratet, can Glaudis y Jaume Serra. En el plan figuran como suelos urbanos pero, por indicación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, no podrán ser ejecutadas si antes no se compensan con otros suelos en humedales. «Hay que restaurar zonas de humedales degradadas», ha explicado el conseller insular de Territorio, Mariano Juan, «y esos terrenos son de otros propietarios a los que, a su vez, también habrá que compensar de alguna manera. Será el Ayuntamiento el que decida si lo hace entregándoles otros terrenos o económicamente. Mientras tanto, todo estará suspendido».
Entre las prescripciones que deberá adoptar ahora Vila dentro del PGOU se encuentran, además, las relativas a cas Mut y sa Joveria. El plan los considera suelos urbanos directos pero la CIOTUPHA ha comprobado que no cumplen los requisitos para ello pues, en un caso, la urbanización no alcanza el 66% y, en el otro, no existen las infraestructuras necesarias para tener esa consideración. Por ello, el plan deberá recoger que el suelo de cas Mut quedará suspendido hasta que se llegue al 66% de urbanización y el de sa Jovería cambiará su clasificación a la de urbanizable pero ordenado. Esto quiere decir, según ha indicado Mariano Juan, que los propietarios «tendrán que presentar un proyecto de urbanización para esos terrenos».
El PGOU no entrará en vigor mientras no se produzcan estas correcciones. Y, además, aunque se podrán entregar licencias de construcción en base al mismo, será necesario esperar a que entre en funcionamiento la depuradora de sa Coma para poder activar la primera fase de crecimiento prevista. La segunda no se podrá poner en marcha hasta que el Ayuntamiento de Ibiza demuestre que ha logrado reducir el consumo de agua en el municipio en un 15%. «Nosotros empezamos a trabajar ya en agilizar la puesta en funcionamiento de la depuradora», ha indicado el alcalde al respecto. La previsión del Ministerio de Transición Ecológica es que estas instalaciones estén plenamente operativas en agosto de 2024.
Triguero, por otro lado, ha recordado que, tras ganar las elecciones el pasado 28 de mayo, comunicó al presidente Marí que quería sacar adelante el PGOU, aunque fuera redactado por el anterior equipo de Gobierno. Y es que, ha subrayado, «lo importante es tener un marco legal y seguridad jurídica en materia urbanística», a la vez que un plan que, según ha indicado, se irá modificando en función de las necesidades de la ciudad.