La nueva dirección balear de Costas y Litoral no tiene, de momento, ningún vigilante para Ibiza y Formentera. Así lo han indicado fuentes de la Conselleria autonómica del Mar y del Ciclo del Agua, que han señalado que el traspaso de competencias se formalizó el pasado 1 de julio. Ahora mismo, el control de las costas pitiusas lo llevan a cabo cuatro vigilantes, tres en Ibiza y uno en Formentera, pero dependen de la Demarcación estatal de Costas, cuyas competencias se han rebajado tras el traspaso de la gestión a la comunidad autónoma. El anterior Ejecutivo autonómico, presidido por la socialista Francina Armengol, no cubrió las plazas necesarias para poder asumir la gestión de estas nuevas competencias, a pesar de que las mismas se estaban negociando desde 2009 y de que en noviembre de 2022 ya eran conscientes de que el traspaso de produciría en julio de 2023. Una situación que ha perjudicado especialmente a las Pitiusas.
Con el traspaso de competencias, el nuevo departamento autonómico de Costas y Litoral tendrá que gestionar, según un informe a que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, el otorgamiento de autorizaciones y el control de las declaraciones responsables referidas a obras, instalaciones y actividades en la zona de servidumbre de protección prevista en la legislación de costas en suelo rústico. Además, deberá ejercer la función inspectora y la potestad sancionadora vinculadas a estas actuaciones, así como emitir informes que la legislación de costas atribuye con carácter genérico a la comunidad autónoma en los procedimientos de autorización y concesión sobre el dominio público marítimo-terrestre y otros vinculados a actuaciones relativas a planes, proyectos y obras en la costa.
Para estas competencias, el Servicio de Costas y Litoral que ya tenía la CAIB contaba con ocho trabajadores, de los cuales solo uno, un celador de costas, se encontraba en Ibiza. En Formentera, según el mismo informe, «no ha habido nunca celador de costas», mientras que en Menorca el anterior trabajador se jubiló y no se cubrió la plaza. Con el traspaso de competencias, se han transferido a la comunidad desde el Estado siete plazas de funcionario, de las que seis han quedado vacantes. También se han traspasado ocho plazas laborales de vigilantes: cuatro en Palma (una vacante), dos en Alcudia (una vacante) y dos más en Sóller y en Llucmajor, además de dos técnicos de edificación y un técnico superior en Maó (vacante). Ninguna de las plazas transferidas es para trabajar en Ibiza o en Formentera.
«Para llevar a cabo la descomunal carga de trabajo traspasada a la comunidad autónoma», indica el informe elaborado por el nuevo departamento, que dirige Carlos Simarro, «no se ha traspasado, en la práctica, personal titulado cualificado, ni superior ni de grado medio, que se supone que debería hacer frente a la gran carga de trabajo asumida, ni de tipo técnico, ni de tipo jurídico. Tampoco se ha traspasado ningún vigilante a las islas de Ibiza y Formentera y solo uno a Menorca».
El informe pone de manifiesto la gravedad de esta situación al comparar el traspaso de esta gestión a Baleares con la forma en la que se hizo a otras comunidades como Andalucía o Cataluña. Así, en el primer caso, con 910 km de costa, se transfirieron a la comunidad andaluza un total de 62 empleados públicos, con diferentes cualificaciones. En Cataluña, con 699 km de costa, el traspaso significó la llegada de 34 empleados públicos para gestionar este área. En el caso de Baleares, el Estado solo ha transferido 18 plazas públicas, a pesar de que las Islas tienen nada menos que 1.428 km de costa. «El agravio comparativo», denuncia el informe, «es ostensible».
Si bien es cierto que el anterior Ejecutivo autonómico creó en mayo 12 plazas más para dotar a este nuevo servicio, la realidad es que aún no se han cubierto, con lo que la Dirección General de Costas y Litoral tiene en estos momentos 18 trabajadores para gestionar las competencias que tenía antes del traspaso y las nuevas. «La situación», concluye el informe, «es absolutamente insostenible».