Las 50 familias desalojadas de los apartamentos Don Pepe en diciembre de 2021 tendrán un nuevo edificio en el que residir, según explicó ayer en el Parlament la consellera de Vivienda, Movilidad y Territorio, Marta Vidal. El resto de afectados, que aún mantienen su residencia en el inmueble que no fue desalojado, el bloque B, tendrán también «una solución» para su situación, señaló la consellera.
De los dos edificios que forman el complejo de los apartamentos Don Pepe, uno fue desalojado tras declarar el Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado entonces por los socialistas, que se encontraba en estado de ruina y fuera de ordenación al no encontrar el Consistorio la licencia de construcción del mismo. En el segundo inmueble, en el que aún residen unas 50 familias, se levantó una planta más de las cuatro autorizadas por el Ayuntamiento a mediados de los años 60. El anterior Govern, dirigido por la socialista Francina Armengol, pretendía derribar ambos edificios y ofreció a los afectados la construcción de pisos, a través del Ibavi, en compensación. El Ayuntamiento buscó un solar para el que acordó una permuta con sus propietarios y el Govern activó los resortes, a través de un decretazo urbanístico, para facilitar la operación.
Proyecto de rehabilitación
La diputada autonómica de Vox Patricia de las Heras fue la que llevó el problema de los Don Pepe este martes al Parlament. Lo hizo preguntando a la consellera Vidal sobre la situación en la que se encuentra y recordando que los propietarios afectados «compraron legalmente» sus viviendas y que, incluso, presentaron «un proyecto de rehabilitación de la estructura y de la fachada» que fue rechazado durante la pasada legislatura por el Ayuntamiento de Sant Josep. De las Heras denunció que, además, muchos de estos propietarios afectados por el desalojo temen tener que pagar algo cuando reciban las nuevas viviendas, que deberían ser construidas por el Ibavi, según el protocolo firmado, también en la pasada legislatura, por ellos, el Ayuntamiento y el Govern balear.
La también presidenta de Vox en Baleares recordó que fue una diputada del PP, la recientemente fallecida Virginia Marí, la que exigió al anterior Ejecutivo autonómico que legalizara ambos inmuebles para que pudieran ser rehabilitados por los propietarios. Una propuesta para la que contó con el apoyo de Vox, pero que fue rechazada por el PSIB y sus socios. «El PP gobierna ahora», subrayó De las Heras, «y puede dar solución a unos vecinos que se han visto tratados como delincuentes».
A estas palabras respondió la consellera Vidal señalando que «desde el primer momento» ha mantenido contactos tanto con el Ayuntamiento como con el Consell d'Eivissa. Entre sus primeras decisiones, añadió, se encuentra la de construir un edificio para las 50 familias desalojadas de los Don Pepe. Para las otras familias se estudiará «una solución» tras analizar la situación. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, el Consell ha remitido a Vidal toda la documentación de que dispone sobre este asunto con el objetivo de que la Conselleria de Vivienda «tenga toda la información de primera mano» y pueda «ver si hay alternativas».
La Conselleria de Vivienda, por su parte, no desveló más datos de los proporcionados por Vidal en sede parlamentaria. En la anterior legislatura, se acordó que todos los propietarios de los Don Pepe, un centenar de familias, serían realojados. Y, para ello, el Ayuntamiento de Sant Josep, dirigido entonces por el socialista Ángel Luis Guerrero, buscó un terreno rústico en la zona de Can Raspalls que el Govern recalificó como urbanizable. Vivienda no ha aclarado si el nuevo edificio se levantará sobre este suelo o si será necesario buscar otro terreno. Y nada se sabe aún sobre si los realojados tendrán que pagar alguna cantidad a cambio de sus nuevas viviendas.
Marta Vidal, por otro lado, recordó en el Parlament que «hay una autorización de Costas» para la construcción de estos inmuebles e indicó que «algo se podría hacer», aunque sin aclarar qué. La consellera, finalmente, denunció que han sido engañados y que, aunque la solución al problema sea «difícil», el actual Ejecutivo autonómico se volcará en la misma.
Fuentes de los afectados, por su parte, señalaron que tienen que «estudiar» ahora la nueva propuesta del Govern. Quieren dejar claro que se sienten «muy engañados» por el anterior Ejecutivo autonómico y, sobre todo, por la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol: «Nos mintió. Dijo que antes de las elecciones (de mayo) tendríamos un convenio firmado y no es verdad. Solo hay un protocolo que no sirve de nada. El nuevo Govern sí está en contacto con nuestro abogado. Y el Consell y Vicent Roig (actual alcalde de Sant Josep) siempre han estado a nuestro lado. Nos sentimos muy engañados pero esperamos que ahora las cosas se resuelvan». La consellera Vidal calificó la situación de los propietarios e inquilinos de los Don Pepe como «vergonzante y sonrojante» y apostó por «ser valientes» para dar una solución definitiva a esta situación. Lamentó, además, el «drama» por el que están pasando las familias de los Don Pepe y denunció que, incluso, han sufrido «amenazas» y que «tienen miedo».