Las administraciones públicas han hablado: el plan con los afectados de los apartamentos Don Pepe pasa por derribar el edificio desalojado y reformar el todavía habitado por cerca de cincuenta familias. Así lo ha confirmado Vicente Roig, alcalde de Sant Josep, este miércoles tras la reunión mantenida el martes con los vecinos de los inmuebles y ante las palabras de la consellera de Vivienda y Territorio del Govern, Marta Vidal, en el Parlament balear donde prometía «una solución».
Esta solución pasa por la rehabilitación del bloque B de viviendas de los Don Pepe, que es el edificio en el que continúan residiendo cerca de cien personas. Recordemos que el cerca de centenar de afectados pidió a los anteriores ejecutivos municipal, insular y autonómico la autorización de un plan de reforma de los apartamentos que fue rechazado por estar estos dentro de ordenación. Este motivo fue el que propició que, ante la imposibilidad de realizar obras en los inmuebles, la administración calificase el bloque A en estado ruinoso y se procediese a los desalojos.
Vicente Roig asegura que «quien ha creado el embrollo es la propia administración» y que deben de ser los responsables de los problemas causados. El Ayuntamiento explica que hay dos aspectos en los que debe de centrarse: «reducir el malestar de los casi 200 vecinos lo máximo posible» y el buen uso de los más de 20 millones de euros «que salen del bolsillo de todos y cada uno de nosotros».
Acceso a una vivienda digna
«Hay que tener en cuenta», recuerda Roig, «que los vecinos de los Don Pepe nunca han pedido una nueva vivienda» sino la rehabilitación de sus edificios. La orden de ruina inminente que hay sobre el bloque A no es fácil de revertir y conlleva muchas responsabilidades. El edificio, según explican desde el consistorio, ha sufrido una veloz degradación en estos dos años vacío frente al mar. Ya avisan de que es imposible que las familias desalojadas puedan volver a sus apartamentos.
El ayuntamiento promete garantizar, junto con el Consell y el Govern, que las familias que han perdido sus casas tengan acceso a una vivienda digna y que el resto de afectados pueda seguir viviendo en sus domicilios mediante la obtención de una licencia o autorización que permita ejecutar reformas y obras en el edificio B. Roig se reunirá el próximo día 11 de octubre con Marta Vidal para «reforzar la hoja de ruta».
El terreno del nuevo edificio
«Además», añade Roig, «se tratará la problemática en la adquisición del terreno», ubicado en la zona de Cas Raspalls. «Es un solar que será adecuado en el momento en que se aprueben las normas provisionales de Sant Josep, que es donde está marcado el terreno como urbano directo», explica el alcalde, que incide en que el Govern Balear anterior expresó dudas en la manera en la que se había llevado a cabo la permuta con los propietarios por la valoración del terreno.
Reubicar a los vecinos
Roig indica que las administraciones todavía no han dado con la «fórmula final» para reubicar a los vecinos. Los ejecutivos actuales apuestan, como se ha dicho, por mantener en pie uno de los dos bloques de apartamentos. Esto provocaría que en el solar se pudieran construir cincuenta viviendas en lugar de las cien previstas anteriormente, lo que rebajaría en gran medida el gasto público. Actualmente, el terreno es de transición entre rústico y urbano, por lo que todavía no puede construirse nada.
Los organismos públicos, además, no pagarán por el terreno. «No paga pero sí paga. Los propietarios reciben unos derechos en compensación, ya que obtendrán unos beneficios que de otra manera no tendrían: los derechos edificatorios», aclara el alcalde. El descenso en el número de domicilios destinados a los afectados proporcionará la posibilidad de edificar vivienda libre que ayudará a financiar la operación.
El ayuntamiento insiste en que el bloque A no puede recuperarse y que el trabajo se centrará en conseguir que el edificio B consiga estar en regla para autorizar sus reformas. Roig afirma que «el bloque B sí que tiene licencia de construcción, a diferencia del otro» y que su problema es el de la quinta planta, que recordemos se construyó sin autorización sobre las cuatro anteriores.
«Los responsables de los edificios son los propietarios», destaca Roig, «entonces lo que pedirá el ayuntamiento son las certificaciones en base a un edificio de 60 años». El bloque B deberá pasar la inspección técnica de edificios, procesos en los que el consistorio promete acompañar a las familias. Sin embargo, no está asegurado que se puedan conseguir las autorizaciones necesarias para la reforma a tiempo, por lo que podría darse una situación similar a la del bloque A.
La entrada en vigor del decreto ley de emergencia habitacional podría facilitar la ley de vivienda que permitiese al bloque B no ser derribado. Esto se debe a la medida de creación de hogares añadiendo una planta al edificio. Por otro lado, Roig apunta a que el decreto habla de creación de vivienda y no de habilitación de la vivienda ya construida, pero cree que es un buen paso del que partir. La ley en la que trabajarán las administraciones para proteger a las cerca de cincuenta familias de un posible desalojo deberá votarse en el Parlament y bien podría prever situaciones parecidas a las del Don Pepe en un futuro.
Manuman73Vaya por delante que es triste la situación. Pero hay que decir que los notarios dan fe de que 2 personas se compran y venden una finca registral sin entrar en si es redonda, cuadrada, verde o amarilla. Mira si tiene cargas en el registro, que no se incumple la ley y hasta ahí llega. Poco más. La gente esta confundida. El notario no va al ayuntamiento a mirar nada y no puede saberlo si la carga no consta en el registro de la propiedad. Mirar eso es cosa del comprador o del profesional que contrate (API, abogado, gestor....). El banco que dió hipoteca es otra víctima de falta de atención; ahora ya no dan hipotecas tan a la ligera. Van aprendiendo. El registrador, entre otras cosas, registra las compraventas y las cargas pero tampoco va a ver si lo que registra es legal o ilegal. Los inmuebles con infracciones urbanísticas o fuera de ordenación también se pueden vender... aunque engañando, ocultando información (para evitar eso están los profesionales que he dicho) o a precio inferior (para eso estan los tasadores, a los que cada vez por cierto los bancos les exigen más diligencia). Y por fin llegamos al ayuntamiento, al cual se le puede (y debe) pedir información de la edificación... de un piso o de todo el edificio, y te dirá lo que sabe y te emitirá un documento qur lo certifique. Esto puede tardar meses y los vendedores no esperan tanto y los compradores no quieren gastar o no quieren invertir ese tiempo. Pero eso ya es decisión de cada uno. Pero no vale culpar a todo el que esté delante porque al construir o al comprar no se hayan hecho las cosas con la diligencia debida. Un poco de autocrítica nunca está de más. Todo lo demás......