La gerente de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares (Amadida), Jane King, destacó ayer que el recurso judicial presentado para que el Consell d´Eivissa liquide la deuda contraída con la entidad ha sido admitido a trámite. «Son procesos judiciales que son lentos», afirmó King.
Este mismo jueves, la exconsellera de Bienestar Social de Ibiza, Lydia Jurado, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza como investigada, después de que el Consell denunciara las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno progresista en la legislatura 2015-2019 a la hora de contratar verbalmente los servicios de la asociación. Amadiba reclama a la institución el pago de 2,4 millones de euros.
«La declaración de Jurado no va con nosotros. Su declaración está motivada por la denuncia que hubo por parte del actual equipo de gobierno», puntualizó King.
La gerente reiteró que «lo que es una realidad es que los servicios se prestaron y nadie lo cuestiona». También afirmó que ellos se centran en atender a personas con discapacidad y a sus familias y la manera en que la Administración organice sus contratos es algo que no va con ellos.
«Hemos esperado demasiado para recurrir judicialmente. Hemos pecado de inocentes. Llevamos muchos años reclamando y no tenemos nada que perder», lamentó el pasado 29 de diciembre la gerente.
Cabe recordar que Amadiba presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma para seguir reclamando al Consell d'Eivissa el impago de la deuda contraída de 2,2 millones de euros, más intereses, por los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019.
Dichos servicios fueron encargados por el anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem para dar atención a personas con discapacidad intelectual. «El viernes 22 de diciembre interpusimos este recurso tras un proceso administrativo muy largo en el que exigíamos esta cantidad. A nosotros nos da igual qué agrupación política tenga que asumir responsabilidades y abonar la deuda. Sólo queremos justicia y reparar la situación», explicó.
King resaltó que, a pesar de la precariedad económica que esta situación les ha provocado, los usuarios de Amadiba siguen recibiendo atención sin resultar afectados. «Gracias a la fortaleza de la entidad en Mallorca nos hemos podido mantener. Si no, hubiera sido una quiebra absoluta», concluyó.
El informe
El Consell d'Eivissa anunció el pasado mes de febrero que había remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados de instrucción toda la documentación que obraba en su poder sobre la presunta contratación irregular de diferentes servicios con la asociación Amadiba.
Entre la documentación aportada se incluía un extenso dictamen jurídico de 140 páginas cuyas conclusiones se referían a la presunta comisión de delitos como negociaciones prohibidas, prevaricación, fraude y falsedad documental.
El dictamen también hablaba de un informe en el que una funcionaria afirmaba que «en el nombre del presidente (Vicent Torres) se le instaba a dar facilidades de financiación» a Amadiba y que recibía presiones para conformar facturas en base a un contrato «que el dictamen tacha de fraudulento».