El Consell d'Eivissa promoverá que los ayuntamientos gestionen todo lo relacionado con el alquiler turístico de viviendas a través de la Ley de Actividades. Una decisión que, si se implanta, facilitará que sean los municipios los que actúen en contra del alquiler turístico ilegal y la participación en este control de las policías locales. La propuesta la formuló ante el pleno de ayer viernes el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, quien afirmó que «siempre será más efectivo un policía local que un inspector ante los infractores».
Rodríguez hizo este planteamiento dentro de una moción en la que también se propusieron otras medidas como que los propietarios de aquellas viviendas alquiladas a turistas ilegalmente que sean precintadas de forma cautelar no puedan volver a ejercer este negocio en un plazo de tres años. Además, Rodríguez planteó que las licencias otorgadas por el Consell para estas viviendas en suelo rústico tengan una fecha de caducidad si en esos mismos suelos se ha prohibido ejercer esta actividad y dar la baja definitiva a aquellos titulares de permisos que no los hayan activado en los tres últimos años.
Sorpresa positiva con Podemos
Los consellers del PP y Vox votaron a favor de la primera medida, mientras que los tres representantes del PSOE se abstuvieron. El conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, aplaudió esta propuesta de Unidas Podemos y afirmó que «es la primera vez que desde la oposición se hace un planteamiento proactivo para luchar contra el intrusismo». Juan destacó el papel de la Oficina Contra el Intrusismo y precisó que el alquiler turístico debe ser tratado como una actividad económica, por lo que pidió que se eliminen las consideraciones que indica en este sentido la ley balear. «Tiene que haber licencias o declaraciones responsables», según expresó, «esto lo tienen que hacer los ayuntamientos y las policías locales han de poder intervenir». En declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera tras la sesión plenaria, Juan especificó, además, que «si se consigue esto, aquellos que incumplan la ley de actividades tendrán, por un lado, la sanción del Ayuntamiento y, por otro, la del Consell por el tema de turismo. Es un sistema que tiene defectos pero la Ley de Actividades tiene más recursos a la hora de tomar medidas cautelares contra los infractores».
El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, explicó, por su parte, que este planteamiento de Unidas Podemos es «innovador» y que facilitará que se puedan precintar de forma más ágil aquellas viviendas que se alquilen ilegalmente a turistas. Por parte del PSOE, la consellera insular Elena López se limitó a señalar que los socialistas apuestan porque «no haya más licencias ni más plazas turísticas en la isla». Y arremetió contra el PP por la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que, en su opinión, «favorecerá la especulación turística y urbanística».
PP y Vox votaron también a favor del punto relativo a la baja de aquellas licencias de alquiler turístico que no se hayan activado en tres años. Los populares, además, dieron su apoyo a la propuesta de que aquellos propietarios cuyas viviendas se hayan precintado cautelarmente no puedan presentar durante tres años la declaración responsable. Los socialistas se abstuvieron en las cuatro votaciones mientras que el punto tres, relativo a la implantación de la caducidad de licencias ya concedidas en suelo rústico solo ha contado con el respaldo de Unidas Podemos.
En la lucha contra el alquiler turístico ilegal, el Consell d'Eivissa ha adoptado diversas medidas a través de la Oficina contra el Intrusismo. Así, según recordó Mariano Juan, se han conseguido reformas legales como la que permite precintar cautelarmente los pisos alquilados ilegalmente o la que facilita que los inspectores del Consell puedan realizar reservas de incógnito. Además, se ha firmado un protocolo de colaboración con las plataformas Airbnb y otro con Booking para evitar que esta oferta ilegal pueda comercializarse en estas plataformas.