El Club Náutico de Ibiza sigue a la espera de que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se pronuncie sobre las alegaciones formuladas por la centenaria entidad, entre las que destaca la propuesta de solicitar un informe que valore si su contrincante puede o no optar a la gestión de este espacio dados los antecedentes judiciales de su administrador, Alberto Pedraza. Así lo ha señalado el gerente del Náutico, Vicente Canals, quien, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera ha explicado que la APB debería pronunciarse sobre esta cuestión antes del próximo 5 de mayo, fecha en la que acaba la autorización que bajo la que operan en estos momentos los gestores del club.
Canals ha señalado que la APB no está obligada a contestar a estas alegaciones. Sin embargo, el consejo de administración de este organismo tendrá que aprobar si se pide o no el informe al Consejo de Estado. Algo que no ha sucedido de momento y que, de suceder, tendrá que ser en los próximos día, cuando se reúnan los miembros del consejo de administración.
«Ahora mismo hay dos posibles escenarios», ha explicado Canals, «o el consejo de administración de la APB eleva la consulta jurídica a un estamento superior como el Consejo de Estado o la APB, con un dictamen de su abogado del Estado, adjudica el concurso». Y ha recordado que lo que está en juego es un «cambio de sentido» del histórico club si la APB finalmente decide adjudicar la gestión a la empresa contrincante de los actuales gestores. «Nosotros hemos sido coherentes», ha añadido Vicente Canals, «y hemos presentado una oferta social, deportiva y que busca soluciones inmediatas a la seguridad. La otra oferta es temeraria. Pone un precio de los amarres dos veces por encima del más caro del Mediterráneo y, en el caso del restaurante, cinco veces superior al actual. La pelota está en el tejado de la APB y nosotros estamos a la espera de que responda a nuestras alegaciones».
El gerente del Club Náutico, por otro lado, considera positiva la actitud del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en lo relativo a la modificación de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Sin embargo, esta modificación, que debería proteger el carácter singular de los clubes náuticos, no llegará a tiempo para salvar a la entidad ibicenca. De ahí que Canals haya señalado que el ministerio debería aprobar «una moratoria de las concesiones» hasta que esté listo el nuevo texto legal. «Un cambio legislativo puede tardar más de una legislatura», ha señalado al respecto, «nosotros pedimos este cambio porque queremos que los clubes tengan más seguridad. Pero lo del Club Náutico de Ibiza vence el 5 de mayo. ¿Por qué no buscan una solución como puede ser una moratoria?». Y ha concluido: «Hay voluntad de apoyar al Club Náutico desde todos los frentes. Nos dicen que están con nosotros. Pues, mientras legislan, hagan una moratoria».
El apunte
El competidor «de hecho» está condenado por estafa
Cabe recordar que el pasado mes de febrero el Club Náutico Ibiza anunció que había solicitado a la APB la adjudicación del concurso para la gestión de sus instalaciones en el puerto de Vila o desistir del mismo. Una petición que, según señaló la entidad, obedecía a que la oferta del otro licitador, Puertos y Litorales Sostenibles SL, puede considerarse como «especulativa y contraria al espíritu del concurso de fomentar la enseñanza y la náutica social», según explicó en ese momento el comodoro del club, Damià Verdera. A esto se suma que, según desveló Gaceta Náutica, en el escrito dirigido por el Club Náutico a la APB se señala que el administrador «de hecho» de esta empresa, Alberto Pedraza, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a una pena de 11 meses de prisión por estafa. Una condena resultado del acuerdo que habría alcanzado Pedraza con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitaba inicialmente una pena de tres años y cinco meses de prisión por los delitos de estafa y falsificación. Sin embargo, por una cuestión de «dilaciones indebidas», esta condena ha quedado finalmente reducida a 11 meses.