El Ayuntamiento de Santa Eulària ha emitido un comunicado para informar de que está haciendo todo lo posible para ayudar a la familia formada por Abraham, Alejandra y sus tres hijos menores, que fue desahuciada el pasado mes de febrero. Desde entonces, el Consistorio ha estado pagando un hostal, pero el establecimiento reclama el uso de la habitación, por lo que están buscando «una solución temporal digna a su situación». «Sabemos que existe una opción, aparentemente viable, de alojamiento temporal gracias a una ONG, si bien no será hasta este martes que se nos comunicará si sigue adelante. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha contactado con los hostales del municipio y ha conseguido alojamiento hasta este próximo viernes de forma que hay un poco más de margen para ver si la alternativa ahora en estudio sale adelante o se sigue en ello», precisan a través de un comunicado.
Esta familia ibicenca vivía en un piso de Santa Eulària desde hacía dos años por el que pagaban 1.400 euros al mes. Abraham relató a Periódico de Ibiza y Formentera por qué fueron deshauciados. El motivo es que, como a tantos autónomos en el país, durante la pandemia le fue imposible afrontar unos pagos, principalmente porque muchos de sus clientes tampoco le liquidaron a tiempo las facturas. Por ello, no pudo pagar el alquiler, llegando a deber cuatro meses de renta. «Mientras descubrí el motivo del bloqueo de las cuentas, hice unas gestiones, pagué la deuda y todo, pasaron cuatro meses en los que no pude afrontar el alquiler que dependía de una aseguradora», explica. Según prosiguió explicando intentó alcanzar un acuerdo para liquidar esos meses pendientes, pero desde la aseguradora rechazaron la opción de poder pagar a plazos y le comunicaron que su caso ya se había remitido a la vía judicial.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària explicaron que han actuado «en todo momento cumpliendo con su obligación de ofrecer alojamiento temporal urgente», tal y como marca la ley, y «siguiendo el objetivo de que las intervenciones de los Servicios Sociales deben tener siempre como uno de sus fines el garantizar la independencia y autonomía de sus usuarios y que no deban permanecer más tiempo del imprescindible recibiendo este tipo de apoyos». Para poder cumplir con dicha obligación, en este tiempo «se han dado hasta tres alojamientos diferentes cuyo importe ha sido sufragado íntegramente por el Consistorio, además de haberles concedido otras ayudas para mejorar la situación de la familia y, sobre todo, para garantizar el bienestar de los menores», precisan.
Desde Santa Eulària recuerdan también que la situación actual de problemas de acceso a la vivienda no es exclusiva del municipio de Santa Eulària, de la isla de Ibiza o de Baleares y que «se necesita de la implicación de todas las administraciones para solucionar un problema que se sufre en buena parte del país y desde hace tiempo». Y añaden: «El Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, viene aplicando políticas de apoyo a la ciudadanía para el acceso a la vivienda (ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda, así como el impulso junto a la iniciativa privada de unas 110 Viviendas de Protección Oficial en es Puig d'en Valls) y acaba de lanzar nuevas iniciativas para lograr ese objetivo, como son las iniciativas de usar tres parcelas municipales para el desarrollo de unas 240 Viviendas a Precio Limitado o crear una unidad policial, auxiliada por un servicio jurídico especializado, para combatir el alquiler turístico ilegal».