La Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza sigue sin reunirse con los representantes de la empresa concesionaria de las instalaciones del puerto de Ibiza, Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), ni con los representantes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Es más, esta entidad continúa sin conocer la resolución por la que se adjudicó este contrato por parte de la APB, ya que sigue sin publicarse la resolución administrativa de la autorización a los nuevos gestores. Mientras esto sucede, los amarristas del Náutico Ibiza Ibiza están padeciendo, según señaló este lunes la presidenta de la asociación, Naihara Cardona, diferentes actuaciones en contra de sus intereses. En este sentido destacó que desde la nueva gestora están volviendo a medir a través de un técnico marítimo las embarcaciones de los amarristas con aumentos de esloras, lo que supondría un gran incremento de las tasas portuarias, ya que hay barcos que tras esta actuación han pasado a medir más de ocho metros.
«Hasta que no venga un ingeniero naval que certifique dicha medición no se pagará ninguna cuota», señaló Cardona a Periódico de Ibiza y Formentera, resaltando que hay barcos de seis y 7,5 metros de eslora que han pasado a medir ocho metros. «En estos casos el amarrista pasará a pagar más de 20.000 euros anuales», agregó. También subrayó que estas subidas se están haciendo de forma desproporcionada porque si un barco de 7,5 metros paga 0,40 euros por metro cuadrado y día, una embarcación de nueve metros no puede abonar 1,85 euros por la misma condición. No obstante, explicó que muchas embarcaciones registraron el número de eslora fiscal, que es la que se ajusta a la «estructura del barco», y no la total, la cual contempla los elementos susceptibles de ser desmontados y que no afectan a su navegación.
Pago por adelantado
Asimismo, además de esta nueva medición, la presidenta de la entidad subrayó que la nueva concesionaria también anunció que las tarifas para los amarristas con contrato de atraque anual se pagarán por adelantado. «Esta medida es ilegal; los pliegos del concurso determinaban que los pagos de los amarres serían mensuales», precisó con rotundidad, haciendo hincapié, sin embargo, en que «se está centrando mucho el tema sobre las tasas».
«Para nosotros es prioritario mejorar la seguridad del puerto porque cuando se producen temporales causan daños a los barcos amarrados. Si mi barco se hunde durante un temporal, no hay manera de sacarlo a flote y, además, no sabemos si esta gente tiene seguro que pueda cubrir situaciones similares», lamentó esta mujer e indicó que tampoco existe el servicio de varadero y mantenimiento para tener en condiciones las embarcaciones. Además, tal como recordó, la escuela de vela sigue sin funcionar y el restaurante de las instalaciones sigue cerrado. «Las obras para mejorar la seguridad en el puerto de Ibiza es lo más importante que debe cumplir la nueva concesionaria», insistió, al mismo tiempo que exigía conocer la resolución por la que se adjudicó este contrato por parte de la APB.
Al respecto, Periódico de Ibiza y Formentera contactó con este organismo público para preguntarle sobre esta situación y desde la APB explicaron que la publicación de esta autorización «no es vinculante» a dicha condición porque, amparándose en el artículo 78 de la Ley de Puertos que regula el otorgamiento de autorizaciones, destacaron que la normativa no exige la publicación en el diario oficial. No obstante, indicaron que, en los pliegos de este contrato, la APB ha añadido el requerimiento de publicación en el BOIB que aparece en el artículo 85 que regula las concesiones. «Se trata de una acción para aportar más transparencia al procedimiento, pero que no es vinculante porque en las autorizaciones sólo es necesaria la notificación a las partes interesadas que son PYLS y el CNI», precisaron a través de un comunicado. Sobre esta próxima publicación, Naihara Cardona adelantó que esta resolución también tendrá que estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Estamos ansiosos de ver la resolución porque queremos saber si tenemos que impugnar las bases, ya que sin información no podemos hacer nada», puntualizó esta mujer, quien además de ser la presidenta de la asociación, también es abogada.