La Dirección General de Vivienda del Govern balear, dependiente de la Conselleria de Vivienda, estudia ya el expediente abierto por el Consell d’Eivissa a la propietaria de una vivienda de protección oficial (VPO) que alquilaba ilegalmente habitaciones a turistas a través de la plataforma AirBnb. Fuentes de este departamento precisaron a Periódico de Ibiza y Formentera que «se analizarán los hechos denunciados y toda la documentación» para después «tomar las medidas correspondientes», entre las que es de prever «la apertura de un expediente sancionador, de acuerdo con la normativa en materia de vivienda».
Este alquiler turístico ilegal fue detectado por personal del departamento de Lucha Contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa. La vivienda está ubicada en Puig d’en Valls. Tras comprobar que su su propietaria alquilaba las habitaciones ilegalmente a turistas, el departamento inició el correspondiente procedimiento sancionador por hacer publicidad y comercializar habitaciones dentro de la vivienda sin haber presentado declaración responsable del inicio de la actividad turística y sin estar inscrita en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, según ha informado el Consell en una nota.
En los anuncios, esta «anfitriona» se presentaba como una superhost y sus servicios contaban ya con 15 valoraciones de usuarios de la controvertida plataforma de alquiler turístico de viviendas, con lo cual se deduce que desde hacía tiempo ejercía esta práctica ilegal. El Consell d’Eivissa comprobó que, además, tenía calendario de disponibilidad y que se podía reservar una habitación por un precio de 180 euros la noche, más otros 15 euros en concepto de limpieza. A todo ello se debían sumar 64 euros por comisión de servicio de AirBnb.
Desde la Dirección General de Vivienda del Govern recordaron que es la Ley de Vivienda de 2018 la que regula los usos de las viviendas de protección oficial, así como las infracciones, «el grado de cada infracción y las posibles sanciones». Sin embargo, subrayaron que «hasta que no se pueda estudiar el caso con toda la documentación, no se puede avanzar una posible cifra».
El conseller de Lucha Contra el Intrusismo y vicepresidente insular, Mariano Juan, explicó a Periódico de Ibiza y Formentera, por su parte, que la propietaria ahora investigada «se mostró poco colaborativa con la inspección», a la hora de analizar los hechos. Es más, «costó que viniera al Consell», según afirmó el conseller, «y, cuando vino, hizo poco por responder al inspector».
Juan, por otro lado, aseguró que este caso es «especialmente ofensivo» dado el gravísimo problema de falta de vivienda que hay en la isla. «Hay quien se aprovecha del beneficio de haber obtenido una VPO para hacer negocio ilegal», ha denunciado el conseller, «somos y seremos implacables con los que se aprovechen. Queremos que el infractor sienta la presión de los servicios de inspección del Consell de Ibiza, que tanto trabajo están realizando para identificar, expedientar y sancionar los alquileres turísticos ilegales».