La jueza del ‘caso Puertos', Martina Mora, concluye la investigación de la pieza en torno a Ibiza y Menorca. Inicia el trámite para juzgar a 17 personas, entre ellas al expresidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella, y al exalcalde de Ibiza Rafa Ruiz.
La magistrada considera que existió un plan de origen político para manipular dos concursos y, en particular, entra esas presiones en el caso del Club Náutico Ibiza (CNI). Sobre el mismo, señala: «Existía un patente interés compartido por los dos principales partidos políticos». Se apoya en manifestaciones de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol y en los mensajes que a esta envió Gual. Considera que la muestra de presión política más relevante se produjo por una intervención pública de la entonces presidenta en apoyo del Club Náutico durante la celebración de su 90 aniversario. Esto y los mensajes llevan a Mora a concluir: «Todo ello acredita un interés político claro y persistente en el tiempo, interés que es relevante penalmente pues se refiere a beneficiar a un particular y no a una cuestión de interés general».
En el auto, de 161 páginas, la magistrada apunta un posible móvil electoral en Ibiza porque entonces el Náutico contaba con mil socios. Plantea que Gual pudo haber cometido delitos de prevaricación, uno o varios delitos de fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho. La resolución le coloca en la cima de la causa junto con el director de la Autoritat Portuària, Juan Carlos Plaza y la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. Estas dos piezas de Menorca e Ibiza son las primeras, de las nueve que constan en la causa en ser finalizadas. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que presentar escrito de calificación. La magistrada levantó el secreto sobre todas las actuaciones el pasado 30 de abril.
La instructora concluye que existen indicios «sólidos suficientes» de que Gual, Plaza y Ripoll «se concertaron entre sí y con el particular beneficiado» para amañar los dos concursos. Contaron con la participación de técnicos de la APB y con la de Rafa Ruiz como vocal en el consejo de administración y entonces alcalde de Ibiza.
Ibiza
Sobre el Club Náutico Ibiza plantea que la intención política de beneficiar al Club arranca en el año 2009 y que en su inicio participó también el anterior presidente de la Autoritat Portuària, Alberto Pons. Basa buena parte de sus conclusiones en la existencia de una sentencia del TSJIB que declaró nulo el procedimiento administrativo al incorporar como criterio el «arraigo» que convertían el concurso en un «traje a medida». Así, desgrana hasta tres resoluciones diferentes que, a su juicio, resultarían prevaricadoras.
Buena parte de los razonamientos de la magistrada se dirigen a criticar que el Club Náutico Ibiza no representa un interés general sino que se trata de un particular. Así, intenta desmentir las declaraciones de los investigados en torno a la defensa de la «náutica social».
El auto incluye también lo ocurrido con posterioridad a la sentencia del TJSIB y culpa a la jefa de la Abogacía del Estado de ocultar advertencias de ilegalidad al consejo de administración. Incorpora como un posible delito de cohecho las negociaciones con la empresa Doce Millas para que se apartara en el procedimiento judicial, si bien señala que «no ha quedado acreditado si dicha cantidad llegó o no a ser abonada».
Además de Ruiz, también están investigados los directivos del CNI Joan Marí y José Marí Costa.
La instructora señala a Gual de Torrella y Ruiz por maniobrar para «adjudicar como fuera al Club Náutico de Ibiza» mediante un «concurso a medida». Entiende que su participación, al igual que la de Ripoll y Plaza, fue «decisiva» para lograr que estas resoluciones se aprobaran, y a ello suma una comisión técnica «creada ‘ad hoc' para ‘vestir' la decisión ya tomada». Varias de las resoluciones que aprobaron fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Superior (TSJIB).
Entre otros detalles, el auto destaca que la elaboración de unos criterios que suponían un «traje a medida» al incluir el arraigo en la valoración, lo que dejaba en notable desventaja a los otros concurrentes que eran de reciente creación. Además, esos criterios se elaboraron con posterioridad a la presentación de ofertas.
El auto razona que existía «un patente interés político compartido por los dos principales partidos» para la continuidad del CNI Sugiere que el elevado número de socios locales del Club «puede ser muy representativo» en términos electorales.
El auto recoge comunicaciones intervenidas en las que Gual de Torrella informaba expresamente a Armengol –quien le había nombrado en 2015– y a Ruiz de las cuestiones más importantes que afectaran a la entidad. Tras una sentencia desfavorable en 2018, el expresidente de la APB les aclaraba que la resolución no alteraba El resultado y decía a Armengol: «Lo arreglamos en el próximo Consejo de Administración».
El apunte
«El interés de Gual era permanecer en el cargo»
El auto apunta a que Joan Gual fue designado por la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol y que, por lo tanto, tenía interés en que el PSOE permaneciera en el poder dado que, «tradicionalmente» un cambio hubiera implicado su sustitución. Añade que «el interés» del entonces presidente de la Autoritat Portuària era «permanecer en el cargo» por la retribución que percibía de 100.000 euros anuales.