En el polígono de Can Bufí, justo a escasos metros del asentamiento de Can Rova en el que tantos meses han pasado, se encuentran Christian y Oliver con una autocaravana que contiene todos sus enseres. Este miércoles vivieron el desalojo del lugar en el cual se habían hospedado por un largo tiempo y ahora no saben dónde ir. En un principio iban a pernoctaren un aparcamiento muy cercano a Can Rova, pero finalmente se decidieron ir a un lugar «muy cercano a Sant Antoni» que no explican con exactitud dónde es.
Esa situación es en la que se encuentran decenas de personas, obligadas a buscarse la vida para encontrar un sitio donde dormir. Muchos de ellos han partido hacia el monte que hay detrás del polígono, intentando alejarse del trasiego de la zona, y pernoctan en su vehículo. Otros han emprendido su rumbo hacia algunas de las playas de la isla. También los hay que han acudido a alguno de los lugares de acogida que se ha puesto a disposición para los desalojados, ya sea desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, el Consell d'Eivissa o los servicios de Cáritas.
«Yo estoy trabajando en la construcción, aunque ahora el jefe nos ha dado vacaciones», comentaba Christian antes de explicar un poco más en detalle la situación que han vivido estos últimos días. Según lo que explicó, tuvo un enfrentamiento el día anterior al desalojo con el propietario del terreno, que intentó agredirle con una porra en mano. En ningún momento fueron informados de la orden de desalojo por parte del propietario y éste estuvo hasta el último momento tratando de que le pagaran el arrendamiento por su parte del terreno, según siempre el testimonio de las personas que allí vivían.
Ambos se subieron a su vehículo y pasaron por delante del asentamiento, momento en el que señalaron el que era «su terreno» hasta este mismo miércoles. Unos minutos después llegaban a la parte trasera de una de las grandes naves de la zona. En un pequeño parking estaban varias personas más, resguardadas a la sombra de un sol que no frena en su ímpetu habitual de estos últimos días, en aparente tranquilidad.
Junto a ellos, había dispuestas muchas botellas de agua en un gran barreño repleto de hielo para enfriar estas botellas. «Esto lo hemos comprado entre una asociación de los paraguayos que estamos aquí. Nos ayudamos los unos a los otros y nos organizamos un poco según la nacionalidad. Hice un vídeo para que nos apoyaran y respondieron enseguida», afirmó Christian.
Entre los presentes se seguía comentando todo lo que pasó este pasado miércoles con el desalojo. Uno de ellos, Alexander, se levantaba el pantalón para mostrar a Periódico de Ibiza y Formentera la multitud de cardenales que tiene en su pierna derecha como consecuencia de los golpes proferidos por los antidisturbios en el momento del desalojo y tras su propia negativa a abandonar por su propia voluntad el campamento chabolista, que cabe recordar que se desalojó por mandato judicial. Este joven paraguayo no esperaba la «violencia» con la cual se produjo el desalojo del asentamiento «sin tener en cuenta que dentro había menores», añadió.
También había una mujer mayor junto a su nieta, de tan solo 11 años; no han pasado la noche juntas. Mientras que la abuela se fue a casa de una conocida suya a pernoctar, la menor durmió en las instalaciones de Cáritas de Ibiza, junto a su madre. Cuenta que ahí la trataron «muy bien» y que le han proporcionado «todo lo necesario», pero que no sabe «cuanto más tiempo va a poder quedarse». Su madre se marchó a trabajar este jueves por la mañana y la recogió su abuela para ir hasta el lugar junto a sus compañeros.
Recordando lo sucedido el día anterior, esta niña recuerda que les dijeron «que iba a ser sin violencia». Algo muy diferente a lo que cuentan que vivieron en sus propias carnes. Además, ahora un problema más con el que se encuentran ambas es que siguen teniendo muchas de sus pertenencias dentro del asentamiento, pero «no les permiten entrar a recogerlas», con lo cual algo tan básico como rompa limpia empieza a escasear.
Pese a que hay alguna figura dentro de los desalojados que ejerce como portavoz del grupo, como puede ser Christian, y hay grupos de WhatsApp donde comparten informaciones, no parece haber una organización clara. En la mañana del jueves han ido hasta los Juzgados de Ibiza, donde comentan que «no han obtenido respuesta». De ahí se han desplazado hasta las instalaciones del Cetis, donde tampoco les han ofrecido soluciones, explica Alexander.
Para tratar de mejorar esa organización durante la tarde del jueves diferentes vecinos se encontraron frente al asentamiento para reclamar justicia por su situación. Ahí, una chica joven, que ha venido a Ibiza por motivos laborales, quiso denunciar la realidad de los desalojados. Según sus palabras, ella llegó al campamento «como última opción, para estar un terreno y tener agua potable a su disposición». Se refirió de manera muy negativa al propietario del terreno, a quien acusó de haber estafado a decenas de personas. «Aquí hay trabajadores, gente joven y adulta, que son los que levantamos día tras día está isla y hemos de sufrir esta situación por alguien que se lucra a nuestra costa», apuntó.
Los afectados por el desalojo quieren mejorar esta coordinación para tratar de buscar una solución conjunta a su problema con la vivienda y tienen planeado organizar «pequeñas asambleas» para exigir un sitio donde dormir. Se sienten desamparados y las ayudas que les ofrecen les parecen «insuficientes», explicó Christian.
Otro de los jóvenes ahí presentes es Oliver. Él no era arrendatario del asentamiento en el momento del desalojo, pero sí que estuvo viviendo ahí por un mes ya que «tuvo la fortuna de encontrar una habitación a buen precio», explicó. Sin embargo, muchos de sus amigos y conocidos sí estaban dentro del asentamiento. Desde fuera también vivió el proceso del desalojo, preocupado por la situación de sus amigos.
Oliver hizo hincapié también en que a todos los vehículos que se encuentran en estos momentos en las inmediaciones del campamento, justo después del cordón policial instalado por la Guardia Civil, se les ha colocado una pegatina de ‘vehículo abandonado. El joven defiende que eso no es así y que «se trata de vehículos privados de gente que vivía en el asentamiento».
Dada la situación irregular de algunos de ellos, muchas veces tienen miedo de acudir a los Servicios Sociales por «lo que pueda ocurrir». Antonia Picó, concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Santa Eulària -municipio donde se encuentra la finca de Can Rova-, aclaró este jueves en rueda de prensa que ellos «atienden a las situaciones de vulnerabilidad de las personas y no a la regularidad de su documentación», por lo que lanzó un mensaje de tranquilidad a quienes estén en situación irregular.
juan ; totalmente de acuerdo con tigo , son las administraciones publicas los que tienen que actuar de oficio en estos temas , ya que tienen herramientas juridicas para poder hacerlo mediante inspectores y policias . Y POR QUE PARA ESO LOS HEMOS VOTADO Y LES PAGAMOS POR ESO , PARA QUE HAGA SU TRABAJO Y NO MIREN PARA OTRO LADO . quedan muy guapos y muy bonicos cuando hay un evento en el pereira , moda adlib etc.. tooooooodos en primera fila , buscando las camaras , para salir en el diario bien hermosos , cuando hay entregas de diplomas o medallas toooooodos alli para salir en la foto. pero cuando hay problemas de verdad con SUS CIUDADANOS , TOOOOOOODOS ESCONDIDOS COMO PARASITOS .