El Gobierno no dispuesto a ayudar a los consells insulares que están afrontando en solitario la avalancha de pateras de las últimas semanas y, con ella, la llegada de cada vez más menores no acompañados a las islas. El caso más sangrante es el de Formentera, isla a la que en los cuatro primeros días de agosto llegaron 264 inmigrantes irregulares a bordo de estas embarcaciones. La situación es tal que el Consell Insular de la menor de las Pitiusas anunció este lunes su intención de pedir más ayuda tanto al Govern como al Gobierno para poder afrontar la situación.
Las competencias
Los menores son competencia de los consells insulares, que deben hacerse cargo de su tutela hasta la mayoría de edad. La competencia estaba en manos inicialmente de la comunidad autónoma, que acabó transfiriéndola en 1997 a las instituciones insulares. Pero en aquellos años nada hacía prever que los servicios de menores se verían prácticamente colapsados por la irrupción del fenómeno de la inmigración irregular.
Ante la escasez de los recursos, los consells giran la vista hacia el Estado y hacia el Govern con escaso éxito. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Baleares han señalado, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, que la competencia pertenece a la comunidad autónoma y que, por lo tanto, es el Govern el que debe hacerse cargo. Este, por su parte, exige al Estado más recursos para poder afrontar la situación y la consellera balear de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, tiene previsto reunirse hoy miércoles con sus homólogos insulares para analizar el problema.
Los menores que llegan a Formentera a bordo de las pateras son trasladados fuera de la isla porque el Consell carece de los servicios necesarios para ellos. Fuentes de la institución formenterense han señalado que «se ha hecho un centro para 20 plazas, pero aún se debe desarrollar». Las mismas fuentes han indicado que la cada vez más alta llegada de pateras y de menores no acompañados se ha convertido en «un problema inmenso» para el Consell de Formentera por «la falta de medios personales y materiales y por un gasto que sea a disparado».
Así, el destino inicial d estos chicos suele ser Ibiza, donde en los últimos días han sido acogidos en el centro Pare Morey siete menores no acompañados, según han admitido fuentes del Consell ibicenco. Además, han recordado que la institución cuenta en estos momentos con unas 40 plazas para los menores tutelados, sea cual sea su origen. Pero la avalancha ha provocado que el sistema «esté tensionado en estos momentos». No obstante, las mismas fuentes han dejado claro que «el sistema, aunque esté tensionado, se adapta para dar asistencia a todos los menores que así lo necesiten».
Las mismas fuentes insulares han subrayado que «el foco no es el número de niños» que tiene que atender la institución sino que «desde Ibiza se ha pedido ayuda en reiteradas ocasiones al Gobierno central y no han hecho ni caso». Además, han recordado, Ibiza «asume los niños de Formentera porque allí no hacen nada con su competencia».
El Consell ibicenco denunció en diciembre del año pasado que el Estado no estaba atendiendo a su petición de ayuda para dar salida a estos menores. La consellera del área, Carolina Escandell, pidió también ayuda en la anterior legislatura a la entonces responsable balear del área, Fina Santiago, sin encontrar respuesta. Ahora, desde el Consell se ha asegurado que seguirán exigiendo este apoyo, «tanto al Govern como al Estado, que tiene las competencias en inmigración». «Lo vamos a defender ante quien haga falta», han concluido.
La postura del Gobierno
Desde de la Delegación del Gobierno en las Islas han defendido, por su parte, la actuación del Estado en Baleares ante el incremento de llegada de pateras. En este sentido, han subrayado que, en lo que a los menores se refiere, los consells deben dirigirse al Govern para pedir ayuda. Además, han recordado que el Gobierno central ha intentado modificar la Ley de Extranjería para poder establecer un mecanismo de colaboración entre comunidades en este asunto y «no ha salido adelante porque se opuso el PP».
El procedimiento
Las mismas fuentes han explicado que, en cuanto se da el aviso de que una patera está llegando a cualquiera de las islas, se activa el protocolo a través de Cruz Roja, cuyos miembros son los primeros en atender a estas personas. Posteriormente, los inmigrantes pasan a disposición policial durante un máximo de 72 horas. En ese tiempo, se realiza una revisión médica básica y se les abre un expediente por estancia irregular en España. Además, se les proporciona documentación provisional para que puedan salir de la isla.
La gran mayoría de los inmigrantes que llegan a las costas baleares proceden de Argelia. Esto supone un problema a la hora de llevar a cabo lo que se conoce como «devoluciones en caliente». Y es que Argelia, aunque tiene para ello un convenio firmado con España, dejó de aceptar estas devoluciones al cerrar sus fronteras durante la pandemia de COVID-19. Desde entonces, no las ha vuelto a abrir. Esto ha dado pie a que los inmigrantes procedentes de este país, una vez que son identificados, en Formentera o en Ibiza, sean puestos automáticamente en libertad, puesto que «no han cometido un delito penal» y, por lo tanto, no pueden mantenerse en situación de detención. «La mayoría de ellos se van a la Península y, de ahí, van a otros países europeos», han añadido desde la Delegación del Gobierno.
Las mismas fuentes han rechazado la posibilidad de que Baleares pueda contar con un centro de internamiento de extranjeros, conocidos como CIE. A estos centros llegan, por orden judicial, inmigrantes procedentes de países que tienen convenio con España para ser devueltos. También aquellos que pueden acogerse a un procedimiento de asilo. Situaciones que no se producen en la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a Formentera e Ibiza.
Así pues, los argelinos que llegan a las costas pitiusas son puestos en libertad rápidamente. En el caso de los inmigrantes subsaharianos, la mayoría de ellos se integra en el sistema de atención «humanitaria» estatal. «Tienen el perfil de personas vulnerables», han explicado desde la Delegación del Gobierno, «porque proceden de países sin acuerdo de devolución, que no tienen ni estructura administrativa y que muchos de ellos están en guerra». Se trata de «perfiles que se pueden adaptar más a una petición de asilo».