Marina Roig (Palma, 1977) es la coordinadora de eutanasia en las Islas Baleares desde noviembre de 2023. Un cargo que asumió con mucha convicción con el objetivo de proporcionar soporte y ayuda a los profesionales que acompañan al paciente durante todo el proceso de la asistencia a la muerte, además de realizar toda la gestión documental. Estos días ha estado en Ibiza impartiendo varias sesiones de formación sobre eutanasia dirigidas a sanitarios de la isla. Sesiones que han girado en torno a la Ley de Eutanasia, que entró en vigor en 2021, y en torno a la libertad personal, al derecho a la vida y la dignidad humana.
—Gracias por concedernos esta entrevista teniendo en cuenta el poco tiempo disponible que tiene debido a las sesiones formativas sobre eutanasia que imparte, durante estos días, a sanitarios de Ibiza. ¿En qué se basan estas conferencias?
—Les he trasladado a estos profesionales en las sesiones que cuando yo empecé a trabajar como coordinadora de eutanasia de Baleares recibía llamadas de sanitarios, normalmente de médicos, que es el profesional que recibe la solicitud de eutanasia por parte del paciente, y me transmitían dos tipos de inquietudes. Por un lado, me explicaban cómo se sentían a nivel personal y emocional frente a esa solicitud de eutanasia porque a nosotros nos han formado para que ayudemos a nuestros pacientes a curarse o a mejorar. Y, por otro lado, me trasladaban su desconocimiento del protocolo de actuación. Debido a estas inquietudes por parte de los profesionales se expuso la idea de realizar estas sesiones de forma cercana para poder establecer un vínculo de confianza con los sanitarios. Además, la Ley de regulación de la eutanasia determina la exigencia de la formación continuada para el personal sanitario.
—Y frente a las solicitudes de prestación de ayuda para morir en Baleares, ¿de qué manera ayuda a los profesionales durante el proceso como coordinadora de eutanasia en las Islas?
—Les ayudo proporcionándoles soporte y también realizo la gestión documental y análisis de todos los casos de solicitud, además de apoyar a los profesionales que atienden estas solicitudes. Durante los meses que dure la tramitación de la prestación de la eutanasia – mes y medio, dos meses o más – tendremos una continua relación de soporte a todos los niveles.
—¿Cuántas solicitudes se han presentado en Baleares desde que entrara en vigor en 2021 la Ley de regulación de la eutanasia?
—El número total de solicitudes exactas que se han gestionado en Baleares, en los últimos tres años, han sido 112 peticiones. Algunas solicitudes fueron aprobadas y otras denegadas por no cumplir los requisitos exigidos.
—¿Cuántas peticiones se aprobaron?
—No sabría decirte de memoria este dato, pero estas cifras están publicadas en la memoria anual que está en la web del Servicio de Planificación Sanitaria. El número de solicitudes sí que puedo confirmarlo porque en cuanto surge una petición de eutanasia por parte de un paciente, abro un nuevo expediente para llevar a cabo toda la aportación documental de ese caso. Hace pocas semanas, abrí el expediente número 112.
—¿Hace cuánto tiempo que ocupa este cargo como coordinadora de eutanasia de Baleares?
—Estoy en el cargo desde noviembre. Yo anteriormente era enfermera asistencial y llevaba 22 años trabajando en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Son Llàtzer. Ahora estoy dentro de la Subdirección de Humanización, Atención al Usuario y Formación que atiende muchas áreas, y una de ellas es el soporte para la implementación de la eutanasia. El subdirector es Gabriel Rojo. También me encargo de realizar esta formación en Atención Primaria en Mallorca; este año he impartido 26 sesiones formativas presenciales en los centros de salud y ayudo en la coordinación de todos los recursos necesarios para el día de la prestación de ayuda a morir.
—¿Cuántas modalidades de prestación de ayuda a morir existen?
—Está la modalidad de autoadministración, que es una modalidad con medicación en la que el paciente se suministra él mismo el fármaco y luego está la modalidad endovenosa que está instrumentalizada por profesionales sanitarios, normalmente un médico y dos enfermeras.
—Los profesionales sanitarios relacionados con la ayuda para morir tienen derecho a declararse objetores de conciencia. ¿Se ha solicitado esta declaración en Baleares en relación a la eutanasia?
—Así es. Todos los profesionales que participan en el proceso pueden ser objetores de conciencia. El médico, las enfermeras y también los farmacéuticos, ya que son los que preparan la medicación. Y, contestándote a la pregunta, sí, por supuesto. Para mí los objetores tienen todo mi respeto, y es algo que siempre digo. Es una petición que les ofrece la ley y, además, las causas de objeción de conciencia son múltiples y siempre hay que atenderlas. Mi trabajo también consiste en que las personas puedan tener derecho a realizar esta solicitud. Cuando esto ocurre, se busca a otro profesional que atienda la petición de eutanasia dentro de nuestro sistema sanitario público de Baleares.
—¿Qué requisitos concretos debe reunir el paciente para recibir la eutanasia sin que se pueda denegar su caso?
—Hay que señalar que la eutanasia se despenalizó, pero no se hizo de una manera libre para todo el mundo. Se despenalizó con unos requisitos muy concretos; unos requisitos legales que el paciente tiene que cumplir. Por ejemplo, la persona tiene que tener nacionalidad española o ser residente aquí desde hace más de 12 meses. Tiene que ser mayor de edad y tener la capacidad de tomar esa decisión, que tiene que estar mantenida. Eso significa que no puede existir un deterioro cognitivo en el momento en que se hace la solicitud a no ser que exista un documento de voluntades anticipadas donde se manifieste esta petición de una manera clara y documentada y, además, se haya realizado antes de sufrir un deterioro cognitivo. Todos los aspectos legales tienen que estar perfectamente claros y cubiertos, ya que posteriormente esta documentación será evaluada por juristas.
—¿Y en relación a la situación clínica de estos pacientes?
—Hay dos supuestos clínicos que también tiene que cumplir la persona. Uno es el de padecer una enfermedad grave e incurable y el otro supuesto que debe cumplir es el padecimiento crónico e imposibilitante. Y siempre contemplando lo que se denomina contexto eutanásico, que es cuando cualquiera de estos dos supuestos te llevan a una situación de sufrimiento que la persona no puede soportar, ya que enfermedades y patologías graves hay muchas.
—¿El proceso posterior a la solicitud de la prestación de ayuda a morir es muy largo?
—La Ley de Eutanasia marca unos días muy concretos; en total son unos 35 días. Lo que ocurre es que nosotros como facultativos lo que hacemos es acompañar a esta persona solicitante. Entonces hay ciertas fechas que contienen ciertos márgenes porque los profesionales que intervienen lo que hacen es continuamente verificar que esa persona cumple los requisitos. Además, el paciente tiene que hacer dos solicitudes y firmar un consentimiento. Es decir, de una manera continuada se tiene que reafirmar en su decisión. Como ves, el proceso administrativo establecido es bastante exigente.
—¿Son los propios pacientes los que escogen el día, el médico responsable y el lugar donde realizar el proceso?
—Sí. En relación a los profesionales, el médico responsable en el proceso de la prestación de ayuda para morir es el que acompaña al paciente y puede ser cualquier facultativo formado en eutanasia cercano al usuario porque, normalmente, cuando estos pacientes tienen ese vínculo son capaces de realizar este tipo de solicitudes debido a la gran implicación emocional. Se sienten más acompañados, ya que este proceso no sólo es un procedimiento técnico sino también un procedimiento de acompañamiento al final de la vida. Durante este proceso también surge la posibilidad de ofrecer oportunidades a estas personas. De hecho, durante la entrevista deliberativa lo que se intenta es que compartan el motivo real de la solicitud y, a veces, los profesionales con estas oportunidades han hecho que los pacientes desistan de este deseo. Esta situación genera vínculos increíbles entre ellos y, por ello, estas personas quieren a alguien que realmente les acompañe durante el proceso.
—¿Muchos pacientes que solicitan la eutanasia revocan el proceso?
—Las personas que cumplen todos los requisitos y su solicitud ha sido aprobada tienen un periodo de reflexión. De todas maneras, hay que señalar que su deseo de llevar a cabo este proceso no es una aspiración que nazca de la desesperación o la tristeza del usuario. Esta motivación parte, normalmente, de un sentimiento de pérdida de sentido vital muy importante. Además de todo el dolor que sienten y todos los pensamientos que pueden tener en su cabeza; hay muchas cosas más que engloban esta decisión. Por este motivo, el médico primero tiene que verificar esta solicitud y, una vez estamos en el proceso y el paciente ha reflexionado sobre ello, es cuando realizan una segunda solicitud de forma libre y voluntaria con un profesional que lo certifique. Después se atienden dudas y se firma un consentimiento. Es aquí cuando se solicita la valoración de un segundo médico, que es especialista en la enfermedad que padece el paciente.
—Tras esta segunda solicitud, ¿el médico responsable contacta con un médico consultor para que estudie el caso?
—Exacto. Por ejemplo, si el paciente solicitante tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica será un neurólogo el que atienda esa solicitud como médico consultor, ya que los especialistas son los que tienen que verificar que la enfermedad en cuestión es incurable porque es uno de los requisitos imprescindibles para llevar a cabo el proceso de eutanasia. Ellos determinan si la petición es favorable o no y si se cumplen los requisitos de la Ley de Eutanasia. Si la valoración es favorable, se designa la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir de las Illes Balears para que evalúen todo el expediente del caso que ya estará completo a nivel documental. Se asignan dos profesionales, que son un jurista y un médico, y ambos evaluarán toda la información que requieran para poder llegar a una conclusión. A veces, esta conclusión será más sencilla y, en otras ocasiones, requerirá más tiempo.
—¿Cuántos profesionales forman parte de esta comisión?
—Hay nueve profesionales; cuatro juristas, cuatro médicos y una enfermera, que es la presidenta.
—La Ley sigue siendo muy garantista tres años después.
—Sí, yo creo que es absolutamente garantista para las personas porque les garantizamos el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir y también es muy garantista para los profesionales porque tienen una cobertura legal muy fuerte antes de llegar al proceso, ya que, tanto si la evaluación es favorable como desfavorable, podemos estar tranquilos de que se ha hecho de una manera correcta y adecuada. Al final, desde la comisión se realizan una resolución que tiene validez legal para que el profesional sanitario se sienta respaldado para poder ayudar a alguien a morir. Además, cuando a los pacientes se les deniega la petición, tienen la oportunidad en todas las fases del proceso de poner una reclamación que las atiende dicha comisión reuniéndose en pleno y tomando una decisión.
—¿Qué decisiones favorables para el paciente solicitante podrían tomar desde la comisión? ¿Cuántas comisiones expertas hay en las Islas?
—Hay múltiples tipos de decisiones que pueden tomar, como, por ejemplo, que valore otro médico a la paciente. También, en última instancia, cuando la decisión final desfavorable corresponde a la Comisión de Garantía y Evaluación, al paciente le queda la vía jurídico-administrativa. Este año, sin ir más lejos, el TSJ de Baleares denegó la eutanasia a una mujer mayor. Y, respecto a la segunda pregunta, aquí en Baleares sólo hay una comisión porque atendemos pocas solicitudes.
—¿Cuál es la comunidad autónoma que atiende más peticiones de eutanasia?
—En Cataluña se atienden muchísimas; es la región que más solicitudes recibe. En un año atienden tantas peticiones como nosotros en tres años. Hasta tienen una aplicación para gestionar estas solicitudes. Y, claro, las comisiones de Garantía y Evaluación son muy numerosas.
—¿Cree que la Ley de Eutanasia ayuda a resolver los dilemas éticos en la asistencia al paciente en el final de su vida? ¿Considera que la normativa necesita alguna modificación?
—Considero que no estoy en situación de responder a esta cuestión porque esta ley está impulsada por muchos juristas expertos en ética y en otras materias. Considero que esta norma es una cuestión legal que nos avala a todos, tanto a los solicitantes como a los que tenemos que impartir justicia. Es una ley que intentó cubrir a todo el mundo y ofrecer ese derecho a las personas que lo solicitaban, aportando un procedimiento suficientemente estricto o que ofreciera muchas garantías a las personas que realmente son aptas para llevar a cabo este proceso. También se estableció para que las personas que no estaban a favor de esta norma vieran que existen muchas garantías jurídicas a la hora de realizar la eutanasia. En el mundo hay diferentes modelos de eutanasia; unos países son más restrictivos que otros y depende de a quién preguntes te hablará bien o mal de la Ley de Eutanasia en España. Yo sólo te puedo decir que se trabaja para garantizar los derechos de todo el mundo: del solicitante, del objetor, del profesional...