La posibilidad de precintar los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas ha llevado al PP y al PSOE a enzarzarse este martes durante la celebración del pleno del Parlament. Los socialistas pusieron este tema sobre la mesa a modo de crítica cuestionando que los consells puedan precintar estos inmuebles. El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, les recordó que solo los jueces pueden adoptar esta decisión porque, además de pisos turísticos, están considerados como domicilios. Ante la respuesta de Bauzà, el PSOE de Ibiza entró como un elefante en una cacharrería a criticar la supuesta inacción del Ejecutivo de Marga Prohens ante este grave problema. Y ha sido el Consell d’Eivissa quien terminó aclarando cuál es la situación real y cómo esta ha cambiado desde que los populares tomaron las riendas del Gobierno autonómico.
Confusión socialista
El diputado socialista Marco Antonio Guerrero preguntó al conseller balear Bauzà si precintar pisos que se alquilan a turistas ilegalmente es «una buena herramienta». Guerrero afirmó previamente que con esta medida no se ha precintado aún ninguno de estos pisos y denunció que el PP cambia de postura sobre esta cuestión en función de si está o no en el gobierno. La respuesta del conseller Bauzà fue bastante escueta. Así, reconoció que es una herramienta que aún ha de «afinarse» pero también señaló que gracias a esta posibilidad «los inspectores turísticos podrán tomar medidas cautelares» de forma «provisional». Bauzà, sin embargo, ha admitido que solo los jueces pueden ordenar el precinto de un piso porque, aunque este se alquile ilegalmente, tiene la consideración de domicilio.
A estas palabras respondió de nuevo Guerrero, quien afirmó que «la idea no es eficaz» porque hasta ahora no se ha aplicado en ningún caso en Ibiza. Y añadió que en la isla está prohibido el alquiler turístico en edificios plurifamiliares por lo que la persecución del mismo vía precinto sí es posible. Afirmaciones a las que respondió el conseller de Turismo recordando que el PSOE gobernó durante ocho años en la CAIB y «no hicieron nada» para luchar contra el alquiler turístico ilegal.
«Todas las medidas para perseguir el intrusismo son pocas», aseveró Bauzà, quien insistió en que estas herramientas no las activó el Govern de la socialista Francina Armengol.
Poco después del pleno en el Parlament, el PSOE de Ibiza emitió un comunicado acusando al presidente insular, Vicent Marí, de «engaños» sobre este asunto del precinto de pisos turísticos ilegales. Una acusación a la que, a su vez, respondió el PP ibicenco con otra nota en la que ha lamentado que el PSOE «exija resultados por la toma de medidas cautelares después de una legislatura perdida en la que el Govern de Armengol y Iago Negueruela ignoró por completo el incesante trabajo de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo que Vicent Marí puso en marcha en 2019 y que ya se está traduciendo en un constante descenso de la oferta ilegal».
En la misma nota, el PP ibicenco recordó a los socialistas que el Govern Armengol «no quiso ni oír hablar de medidas cautelares» y subrayó que ha sido con la popular Marga Prohens que se ha activado esta herramienta, así como de otras como «declarar el alquiler turístico como una actividad recogida así en la ley» o establecer «líneas de financiación específicas para luchar contra los piratas, como el Impuesto de Turismo Sostenible».
La explicación
Fue, finalmente, el Consell el que tuvo que explicar cuál es la realidad. La institución, efectivamente, no puede precintar un piso que se alquila ilegalmente a turistas porque esa es una medida que solo puede dictar un juez. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en la legislatura anterior, el Consell ahora sí puede dictar medidas cautelares de suspensión de la actividad mientras se tramita el expediente sancionador. Si el infractor mantiene la actividad, entonces el Consell puede recurrir a los tribunales para solicitar el precinto del inmueble.
«El precinto es la ejecución forzosa de la medida cautelar», explicaron fuentes de la institución, «es decir, el Consell toma como medida cautelar ordenar al demandado el cese inmediato de la actividad ilegal, por ejemplo, el alquiler turístico. Si el demandado no cesa, es entonces cuando vamos al juzgado con un acta de incumplimiento de la medida cautelar para poder entrar en la propiedad y precintar el piso o hacer lo que toque. Ahora, la ley ya reconoce la medida cautelar y por tanto, el incumplimiento ya es un hecho penal punible, cosa que en la anterior legislatura no existía», según concluyeron.