Con el objetivo de reforzar la lucha contra el Intrusismo entre el Consell y los ayuntamientos de la isla, el pasado mes de julio las seis administraciones firmaron un protocolo de cooperación para sumar todos los esfuerzos y recursos que tienen a su abasto para combatir el alquiler turístico ilegal. Un protocolo con el cual, los policías locales de los ayuntamientos tienen más mecanismos para luchar contra el alquiler turístico de viviendas y para que las denuncias interpuestas puedan convertirse en un expediente sancionador efectivo.
Así, el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y técnicos de este Departamento en el Consell, mantuvieron una reunión con el primer teniente alcalde de Santa Eulària, Miguel Rubio, y un representante de la Policía Local del municipio, para intercambiar las actas que, las dos administraciones, han redactado para posibles sanciones de alquiler turístico ilegal en Santa Eulària para coordinar la tramitación de los expedientes y duplicar sanciones. En total, se han puesto en común 35 actas para esta falta en el municipio y se está trabajando en el cruce de datos para que se puedan tramitar los expedientes con mayor celeridad y poner las sanciones más elevadas.
Juan ha recordado que en el último Consell de Alcaldes del mes de septiembre, se acordaron poner en disposición de los ayuntamientos de la isla nuevas vías de control y sanción de estos alquileres ilegales a través de planes urbanísticos. Cosa que ya ha hecho Santa Eulària con seis expedientes sancionadores a propietarios de viviendas dentro del municipio que se alquilaban turísticamente de manera ilegal y con propuestas de sanción en algunos casos asumiendo los 350.000 euros para una sola vivienda (otras llegan a los 202.000 euros, 205.000 euros y 113.000 euros). También el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado dos sanciones que superan los 800.000 euros cada una para alquiler de vivienda a turistas sin contar con licencia.
Juan ha explicado que se están dando pasos importantes en la lucha contra el Intrusismo con la «total y fundamental colaboración» de los ayuntamientos y de sus policías locales, «la autoridad más próxima al ciudadano y que puede actuar ante una denuncia en el menor tiempo posible».