El conseller balear de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo (Palma, 1970), tiene en sus manos la gestión del problema más grave que afrontan las Islas en estos momentos, el de la falta de vivienda a un precio razonable. Su antecesora en el cargo, Marta Vidal, puso las bases para los programas que ahora él desarrollará. Alquiler Seguro y Construir para Alquilar son las dos acciones con las que el Govern pretende implicar a los propietarios en la solución al problema. Pero Mateo tiene claro que no será suficiente y, por ello, a las promociones de vivienda protegida habituales, suma ya el análisis de cómo liberalizar suelo. Una decisión para la que hará falta, entre otras cosas, valentía. Algo que, asegura el conseller, no le falta a la presidenta Prohens.
Mateo, por otro lado, será también el conseller responsable de una solución definitiva al problema de los apartamentos Don Pepe. Es consciente del drama que ha supuesto para los propietarios el desalojo pero considera que es necesario estudiar a fondo todas las alternativas posibles antes de tomar una decisión. No descarta del todo aplicar el protocolo firmado en 2022 entre el Govern, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep para expropiar ambos edificios y recolocar a los afectados en viviendas protegidas. Pero, antes de llegar a ese extremo, prefiere valorar otras vías que sean menos costosas para las arcas públicas y que respeten la voluntad de los propietarios de retornar a sus casas y rehabilitarlas.
—Parece que no se acaba de encontrar una solución definitiva al problema de los apartamentos Don Pepe. ¿Cuál es la postura de su conselleria?
—Este tema viene de lejos y es normal la situación de incertidumbre, intranquilidad y desasosiego de unos vecinos que de un tiempo a esta parte se encuentran con que no pueden entrar a vivir en esas viviendas. Como conselleria, nosotros estamos en constante contacto con el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza. Ya lo dijo el alcalde, Vicent Roig, cuando tuvo que personarse en la zona porque dos propietarias querían acceder a sus viviendas mostrando ese malestar y la situación que están viviendo. El alcalde se puso en contacto conmigo para poner sobre la mesa cuál es la situación. Para empezar, nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento y el Consell para convocar la comisión de seguimiento. De hecho, vamos a pedir una reunión en breve para poder seguir tratando las posibles soluciones. Sabemos que, en su momento, en 2022, se aprobó un protocolo de actuación. Nosotros, como nuevo Govern, lo pusimos sobre la mesa. Ese protocolo pasaba por la expropiación de las viviendas y que en un futuro pudieran encontrar esas familias acomodo en viviendas de protección. No obstante, desde la conselleria somos conscientes de que hay otras vías por explorar. Para nosotros lo más importante es el drama humano en el que se encuentran estas familias. Estamos explorando todas las posibles soluciones sin perder de vista ese protocolo de 2022. En ese protocolo no se ha dejado de trabajar en estos años. Pero es cierto que lo que sí estamos trabajando es en mirar las distintas vías de solución y centrados en las familias. Todas estas soluciones y las conclusiones se debatirán en la comisión de seguimiento y los primeros en tener toda la información a su disposición serán los asesores jurídicos de los propietarios y los propietarios porque son los que merecen toda nuestra atención.
—En la calle no se entiende que sea tan difícil legalizar estos edificios. ¿No se puede hacer y que los propietarios hagan las reformas que les toca hacer?
—La clave es el expediente de ruina. Nosotros estamos dispuestos a poner soluciones pero pasan por revertir la declaración de ruina. Cualquier decisión que pueda haber de legalización no tiene cabida por esta declaración de ruina. El alcalde ya ha dicho que va a revisar esta declaración de ruina. Nosotros desde el Govern creemos que toda posible solución pasa por ahí. Luego, a partir de ahí, ya se puede hablar de legalización o de dar licencias. Estamos abiertos a ello el Govern, el Consell y el Ayuntamiento. Pero, insisto, todo pasa por esa declaración técnica de ruina. Los propietarios han de estar en el centro en todos los sentidos y en esto está su propia seguridad porque en un edificio con una declaración de ruina, no podemos permitir que accedan. Esto depende del Ayuntamiento y, como muy bien ha indicado el alcalde, si tienen a bien revisar la declaración y, a partir de ahí, abrir otra vía, nosotros estaremos abiertos a poder aportar en aquello en lo que tengamos competencias las soluciones que sean viables. Los propietarios presentaron un recurso sobre esta declaración de ruina y ahora hay que revisar.
—Ya sé que no es políticamente correcto pero también hay quienes no entienden que, si los edificios estaban fuera de ordenación y la ruina es real, se compense a los propietarios de alguna manera.
—Es verdad que esos edificios gozan de una singularidad. La conselleria está llevando a cabo un estudio en profundidad sobre cuestiones como cuándo fueron construidos, qué requisitos eran necesarios entonces para poder llevar a cabo las obras, cómo los cambios en la normativa han desembocado en una situación concreta y muy específica que tiene que ver con unos propietarios muy concretos y con una declaración de ruina que, insisto, está recurrida. No sabemos si se podrá revertir o no. Recordemos que esto se hizo bajo el anterior Govern de Armengol y que se firmó el protocolo de 2022 para una expropiación y posterior derribo de esos edificios. Ahora se están explorando otras posibles soluciones. Nosotros constatamos los datos que están ahí y daremos respuesta a esta singular situación de los propietarios.
—¿Se han marcado algún plazo?
—A la mayor brevedad vamos a tener ya reunión de la comisión de seguimiento. En las próximas semanas. Es esencial. Será mi primera comisión como conseller. Y yo insisto: no hemos dejado de trabajar en base al protocolo de 2022. De hecho, ya está en fase de licitación la contratación de una empresa para que realice los informes y la valoración de los edificios en términos urbanísticos y medioambientales. En los próximos meses tendremos el informe. Además, he hablado con el alcalde de Sant Josep, con el presidente del Consell y con uno de los abogados que defiende los intereses de los vecinos. Ahora ya en estas próximas semanas la comisión se reunirá para ver si por fin podemos aportar luz y dar una solución concreta que satisfaga a los vecinos, que sea acorde con la legalidad y con la que todos nos sintamos cómodos.
—La vivienda es el problema más grave que tienen ahora mismo Ibiza y Formentera. ¿Por qué cree que hemos llegado a esta situación?
—Es un problema a nivel mundial. De hecho, cuando nosotros hemos rechazado propuestas como la de topar los alquileres, hemos mirado hacia fuera. Hemos mirado Cataluña, San Francisco, Berlín, los Países Bajos… Y nos hemos dado cuenta de que esa solución de topar los precios viene derivada de un problema muy grave, que es la falta de vivienda. La vivienda es un problema mundial que en Baleares se acentúa por la situación de insularidad. La insularidad puede ser una gran bendición pero también una maldición. Cuando hablamos de un territorio limitado, cuando hablamos de que queremos proteger el territorio, que no queremos construir sin limitación pero, por otra parte, nos encontramos con que estamos creciendo en población y necesitamos esas viviendas, llegamos a una situación problemática, con un aumento de precios excesivo y con la necesidad de viviendas. De ahí nuestras medidas. Lo que intentamos es aumentar la oferta de todo tipo. En Ibiza vamos a construir cerca de 750 nuevas viviendas que se suman a las que ya están en marcha en Vila, en Formentera, a las de Ca n’Escandell…
—Es, efectivamente, un problema mundial y políticos y técnicos tiran de creatividad a la hora de resolverlo. Pero, ¿por qué no se habla de la solución más sencilla, que sería la de liberalizar suelo?
—No puedo estar más de acuerdo con usted. Creemos que para afrontar esta situación problemática hay tres vías de actuación. La primera fue, al iniciar la legislatura, adoptar medidas urgentes. Estas medidas urgentes nos han llevado al decreto de emergencia habitacional y los municipios han escogido a qué medidas se acogían. A medio y largo plazo, programas como Construir per Llogar. La segunda vía es intentar rescatar un conjunto muy importante de viviendas que permanecen ocultas y sacarlas para el alquiler con nuestro programa de Lloguer Segur. Son viviendas que no están ocupadas y que no se alquilan por la situación de inseguridad que tienen los propietarios. El Govern ya trabaja en la tercera vía que es, precisamente, la de facilitar suelo. Sin pisos no es posible alquilar y, sin suelo, no es posible construir. Es una línea en la que estamos trabajando y adoptaremos decisiones lo antes posible para facilitar suelo y obra nueva para contribuir a la solución.
—El programa de Construir per Llogar se basa en suelo público que ya no se destinará los usos a los que estaba previsto, como pueden ser zonas verdes o colegios.
—Construir per Llogar es una forma de ayudarnos de la iniciativa privada pero para construir viviendas de carácter público. Vivienda muy asequible. Pero no es para liberalizar. Es hacer que el sector privado se involucre y que nos ayude porque con el Ibavi no damos a basto.
—¿Ustedes, entonces, son partidarios de liberalizar suelo?
—Sí, estamos estudiando de forma clara esta posibilidad. Las dos vías que quedan por explorar pasan por vivienda que ya existe poder ponerla a disposición de los residentes a precios asequibles y la otra vía es facilitar suelo a la iniciativa privada. Eso sí, tiene que orientarse a un objetivo final, no es facilitar suelo para la especulación.
—Me parece llamativo porque se tira de fórmulas creativas y con poco éxito y no se coge la solución más fácil. Entiendo que hay miedo a la crítica pero los políticos han de ser valientes.
—Sí, estoy totalmente de acuerdo. De todos modos, si por algo se caracteriza la presidenta Marga Prohens es por la adopción de medidas valientes. Somos los primeros que cuando se puso sobre la mesa el programa Construir per Llogar sabíamos que habría críticas, pero lo hacemos. Y lo mismo con el programa de Lloguer Segur. Somos muy conscientes de que las críticas pueden llegar. Pero la adopción de medidas valientes es una decisión de gobierno y de programa electoral. En nuestro programa teníamos muy claro que íbamos a solucionar el problema de la vivienda y que hay que adoptar decisiones valientes. El estudio que estamos realizando para facilitar suelo y optimizar al máximo y teniendo en cuenta a los destinatarios finales, es algo muy serio para el Govern.
—¿Cuántas viviendas cree que podrían acogerse en Ibiza al programa de Lloguer Segur dado que depende de los propietarios?
—Todas las propuestas de nuestro plan de vivienda reflejan que la Administración llega hasta donde puede llegar. Hay cosas que hacemos nosotros con los ayuntamientos y los consells. Es una apuesta clara de este Govern por la vivienda pública. Pero hay otras, como Lloguer Segur, en las que se cuenta con el sector privado. En Construir per Llogar se harán estudios económicos sobre la viabilidad de los proyectos. En el caso de Lloguer Segur, los propietarios tienen que involucrarse, por supuesto que sí. La seguridad y la tranquilidad que se aporta desde el Govern está fuera de toda duda. Podemos garantizar el pago de todas y cada una de las rentas y estamos garantizando que el inmueble se recupere en las condiciones en las que haya sido entregado. Nosotros estamos incentivando, lanzando un mensaje al propietario dando garantías e incentivos fiscales. Lo que pretendemos es ser un reclamo. Es verdad que habrá que ver si apuesta el propietario. Esperemos que lo haga y que haga muchos propietarios que sean conscientes de la situación en la que nos encontramos, también en Ibiza y Formentera. Nosotros creemos que es un proyecto muy ambicioso y que tampoco pierde de vista a los inquilinos. Podrán pagar un 30 % menos del precio de tasación que recibirán los propietarios. Y, además, será para los residentes.
—Creo que en Ibiza buena parte de estas viviendas se dedican al alquiler turístico ilegal. ¿Puede ser entonces positivo para este programa el esfuerzo que están haciendo el Consell y los ayuntamientos contra este tipo de alquileres?
—Sí, nosotros trabajamos en estrecha colaboración con los ayuntamientos y con los consells insulares. Nosotros aplaudimos todas y cada una de las medidas que están adoptando los consells contra el intrusismo y contra la oferta turística ilegal. Y, de hecho, acompañamos en la medida de lo posible porque creemos que ese es el camino. También le digo que no sabemos exactamente el número de pisos vacíos que hay. En eso ayudará el Observatorio de la Vivienda que estamos preparando. Pero entre esos pisos vacíos que podrían dedicarse al Lloguer Segur también hay un porcentaje que son de propietarios que por temas de inseguridad jurídica no los ponen en alquiler. Y ahí estamos nosotros para incentivar.
—¿Cuántas viviendas se prevén en Ibiza y Formentera dentro del programa Construir per Llogar?
—En este caso, son 611 viviendas. Hay 300 que gestiona directamente el Ayuntamiento de Santa Eulària. En el caso de Vila, son 311 en dos solares, que ya se han cedido al Govern y nos encargaremos nosotros.
—Los promotores ven este programa con ciertas reticencias porque temen que el Gobierno central obligue a la CAIB a aplicar la Ley de Vivienda y a topar los alquileres. ¿Puede el Govern garantizar que eso no sucederá?
—Nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que no nos acogemos a esta disposición de la Ley de Vivienda. Esto es competencia autonómica y ellos lanzan una propuesta para decretar zonas tensionadas y topar los alquileres. Pero nosotros insistimos en que donde se ha declarado una zona tensionada y se han topado los alquileres, como en Cataluña, ha bajado la oferta más de un 17 %. A nivel internacional, en EEUU, estas soluciones tampoco han funcionado. Y por ahí no vamos a ir nosotros. Lo ha dicho en todo momento la presidenta. No tiene que haber ningún motivo de preocupación. Cuando llegue el momento, se harán estudios de carácter económico para estos proyectos y se verá cuál es el beneficio para promotores y constructores. Pero ha de haber una conciencia de hacia donde vamos. E insisto en que no vamos a topar los precios ni vamos a declarar tensionada esta zona.