Sant Antoni contará con espacios más funcionales y nuevos usos en las zonas verdes del municipio. Así se aprobó este jueves en el pleno, donde se dio luz verde de forma inicial a dos modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirán adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades actuales del municipio.
La primera modificación introduce cambios en las condiciones de edificación y uso de las zonas de espacio libre, permitiendo la instalación de servicios públicos como oficinas de información municipal, baños públicos o pequeños bares municipales, tal y como explicó en la sesión la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats. Asimismo, se podrán destinar áreas a aparcamientos en superficie, siempre que las zonas verdes sean superiores a los 1.000 metros cuadrados. En este sentido, Prats puntualizó que esta actualización busca «ajustar el planeamiento a nuevas necesidades y mejorar la funcionalidad de las zonas verdes del municipio», algo clave para responder a las demandas de los vecinos del municipio.
La segunda modificación afecta a la reclasificación de la ASU 36/02 de Sant Rafel, que pasa a ser suelo rústico común debido a su ubicación aislada y la existencia de un equipamiento deportivo próximo en el núcleo urbano. Ambas modificaciones contaron con el respaldo mayoritario del pleno, a pesar de las críticas de algunos grupos de la oposición que cuestionaron el uso de técnicos externos en la elaboración de los proyectos.
Asimismo, en la sesión plenaria también se aprobaron otras medidas como la reserva de plazas de aparcamiento frente a farmacias para personas con movilidad reducida, una propuesta presentada por el grupo socialista y que fue respaldada de forma unánime por todos los grupos.
Esta iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a los servicios farmacéuticos, especialmente en caso de urgencia, y promover la inclusión en el municipio. David Márquez, cuarto teniente de alcalde, aseguró que harán todo lo posible «por agilizar lo antes posible este trámite», un compromiso y una «voluntad» que fue agradecida públicamente por parte del grupo socialista.
Por otro lado, el pleno aprobó una moción conjunta presentada por los grupos PSOE, PP y Unidas Podemos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La jornada también llevó a debate la crisis habitacional que desde hace años afecta a la isla. El grupo socialista presentó una propuesta para instar al Consell d’Eivissa a coordinar junto con los ayuntamientos acciones que aborden la problemática de la vivienda y de los asentamientos irregulares, como el de Can Rova. Una moción que finalmente fue rechazada por mayoría y que, por parte del equipo de gobierno, quisieron destacar el «gran esfuerzo y apoyo» que realiza el Consell con todos los consistorios de la isla en esta problemática. «Se tiene que pedir colaboración al Gobierno central» aseguró Neus Mateu, primera teniente de alcalde del municipio.