Las patronales de las Pitiusas repasaron este viernes los perjuicios que causará a las pequeñas y medianas empresas la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó este viernes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo para aplicar, antes de que finalice 2025, esta reducción hasta las 37,5 horas semanales sin merma salarial.
Desde la CAEB, el vicepresidente en las Pitiusas, José Antonio Roselló, consideró que la medida «supondrá un gravísimo inconveniente para las empresas, trabajadores y para el conjunto de la economía».
Roselló realizó estas manifestaciones refiriéndose principalmente a la actual escasez de mano de obra que han registrado las islas en los últimos tiempos. «Los trabajadores no están pidiendo una reducción de las horas, sino que, de hecho, reclaman aumentarlas, aunque la Administración no lo permita», afirmó.
El vicepresidente explicó que la reducción podrá aplicarse en empresas de economía industrial o de servicios de tecnología avanzada, aquellas con elementos que les permitan absorber esta reducción, pero «no es así en el conjunto de la economía, mucho menos si está basada en los servicios y con un predominio de pequeñas y medianas empresas».
Para el experto, este fenómeno «inconsistente» afectará también a las empresas de mayor tamaño. «Evidencia que el Ministerio de Trabajo no tiene la menor idea del tipo de economía que está gestionando. Es un tema muy grave. La reducción acabará salpicando negativamente a los propios trabajadores», concluyó.
El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera, Alfonso Rojo, lamentó que la reducción de la jornada laboral «es una norma impuesta» puesto que las patronales no han participado «para nada» en su redacción.
«En las Pitiusas, creemos que es una norma que difícilmente será rentable para los empresarios y trabajadores», consideró.
Para Rojo, las normas están para cumplirse, aunque esta medida no estará exenta de dificultades a la hora de poder ser aplicada. «Es legislar mirando hacia otro lado. Será de muy difícil implantación en las Pitiusas si ya no podemos ni cubrir en las plantillas todos los puestos de trabajo. No le veo una salida y tendremos que cambiar muchas cosas», advirtió.
Hace meses, desde la Asociación de Comercio Minorista de la Pimeef también lamentaron que no se estaba teniendo en cuenta la singularidad y la manera de trabajar de las pymes. «Dificultaría mucho la supervivencia de las empresas», manifestaron desde esta patronal.
Entre otras cuestiones, la Pimeef aseguró que el incremento de costes para las empresas será más fácil de asumir para las grandes cadenas y firmas del país que para las pymes y además debería estudiarse cómo afectará la propuesta del Gobierno a aquellas empresas con contratos públicos ya firmados o a aquellos sectores con horarios regulados. Además, una buena opción para reducir los efectos negativos de la norma podría consistir en habilitar bonificaciones para las empresas que se acojan a la medida equilibrando así el incremento de costes, señalaron desde la patronal.
Cada vez que un trabajador obtiene un mínimo beneficio: "Será la ruina!! Cerraran empresas!!!, se perderá empleo!! Las 7 plagas caerán ""!! Y no sucede. Menos victimismo, que hay que tener condiciones dignas!