El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Rubén Ortega, ha decretado el sobreseimiento provisional del caso ‘La Vida Islados’ por el que se investigaba al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que se inició en diciembre de 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción trasladó al juzgado un relato de la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción, creada por el PSOE durante el mandato de la expresidenta socialista Francina Armengol.
Según el auto al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, el magistrado considera que las pruebas y testificales analizadas durante dos años ponen de manifiesto que el presidente Vicent Marí no cometió ninguno de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la entonces viceinterventora, y actual interventora de la institución María Ana Tur Díaz.
En este punto es preciso recordar que estos hechos se enmarcan en una campaña turística que fue contratada por vía de emergencia, bajo el título ‘La Vida Islados’, con un coste estimado de 250.000 euros, adjudicado a la productora Fuera de Escena. Dicha campaña pertenecía a un plan de choque global turístico que, además de esta contratación, incluía campañas con agencias de viajes online, con navieras, en medios de transporte metropolitanos de las principales ciudades de España, en televisión y en radio.
En su auto, el juez determina que «ninguno de los testigos con capacidad técnica y jurídica que han comparecido en esta causa han puesto en cuestión» la contratación por vía de emergencia de la campaña ‘La Vida Islados y añade que «en sentido contrario a la señora Tur Díaz [entonces viceinterventora y actual interventora] encontramos la postura de los informes de todos los demás funcionarios». Ante esto, el juez concluye que «la utilización de la figura del contrato de emergencia era una opción jurídicamente posible y defendible» añadiendo que «la situación de hundimiento turístico de la isla es una modalidad amparada por la emergencia».
Por todo ello el juez descarta el posible delito de prevaricación atendiendo al hecho de que «la intervención del sr. Marí Torres [el presidente del Consell de Ibiza] se hizo conforme a ley, estaba sustentada en informes técnicos y sus decisiones pudieron ser recurridas», evidenciando que el PSOE no instó ningún recurso en el juzgado contencioso-administrativo.