Después de la tormenta, no siempre llega la calma, especialmente cuando la tempestad desata un importante revuelo en el ámbito político y una gran alarma social.
Esta preocupación ciudadana, derivada de la okupación vivida en Sant Antoni y la falta de medidas eficaces, está provocando que algunos vecinos y comerciantes de la zona hayan optado por instalar sistemas de alarma antiocupación y antirrobo con el objetivo de «estar preparados ante un intento de intrusión».
«Nos preocupa que pueda repetirse. Tenemos que proteger de okupaciones ilegales también los inmuebles deshabitados y las segundas residencias», indicó un vecino del carrer Ample, resaltando que el barrio se volvió «inseguro» hace años e indicando que con estos dispositivos es posible prevenir los delitos de usurpación y allanamiento dando aviso inmediato a la policía.
Tras lo sucedido, subrayó que esta es la solución a la que algunos residentes se han acogido para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido. «Hay máxima preocupación por otra posible okupación de vivienda en la zona», insistió, haciendo hincapié en que estas situaciones no tienen solución mientras los políticos no cambien las leyes.
En esta línea, denunció cómo la falta de medidas eficaces contra la okupación permitió que varias personas cambiaran la puerta de una casa y se metieran en la vivienda a plena luz del día sin que los agentes pudiesen actuar. «Seguimos sin creernos que esto sucediera», apuntó, recalcando la valentía de los vecinos a la hora de desalojar a estas personas que habían usurpado la vivienda.
En esta misma línea se mostró ayer el propietario de esta vivienda desokupada en Sant Antoni, Vicent Riera, quien destacó a Periódico de Ibiza y Formentera que, después de toda la preocupación asociada con la okupación y el posterior desalojo llevado a cabo por la presión vecinal, necesitaba desconectar y reflexionar sobre todo lo sucedido: «Pese a la expulsión de los okupas, el ambiente no está tranquilo. Este desalojo no es ninguna victoria porque es el Estado el que debe hacerse cargo de estas okupaciones ilegales. No se debe trasladar la solución a los vecinos y propietarios de las viviendas, ni tampoco deberían tener que actuar en los desalojos empresas privadas», lamentó Vicent Riera.
Asimismo, explicó también que detrás de este acto no había un problema social de necesidad de vivienda, sino que se vivió un comportamiento de «pura delincuencia» por parte de los okupas. «Soy un defensor del compromiso social y estas personas lo que hicieron fue delinquir y generar un efecto llamada a la okupación en el municipio», manifestó el propietario, al mismo tiempo que agradecía al pueblo su valentía.
«Asumieron un gran liderazgo. Estas personas, que yo no conocía, se arriesgaron a recibir consecuencias penales tras el desalojo», destacó agradecido.
«Ahora hay que esperar 15 días para conocer el fallo tras el proceso judicial. Esperamos que la resolución sea positiva», precisó, confirmando que hay vecinos que sí han optado por instalar alarmas en sus viviendas tras lo ocurrido.
EulerieteOk, doncs que no aturi de venir gent, cap problema creixement infinit de població