El desalojo del asentamiento de infraviviendas conocido como Can Rova II, que comenzaba a primera hora de la mañana de este miércoles, era detenido horas después con motivo de la suspensión que a las 14.15 horas dictaminaba el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Palma. Con esta orden, en torno a las 200 personas que residen en el asentamiento emprendían el camino de vuelta junto a sus pertenencias a la que para ellos se ha convertido en su residencia habitual.
A partir de las 09.00 horas de este miércoles, un dispositivo conjunto de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional que sumaba más de medio centenar de efectivos se presentaba en las inmediaciones del terreno para hacer cumplir la orden de desalojo del terreno, ubicado entre el polígono de Can Bufí y la carretera de Sant Antoni. Según esa misma orden judicial, el terreno debía estar despejado antes de las 20.00 horas de este miércoles y se les daba a las personas que habitan en su interior hasta las 15.00 horas para recoger sus bienes y enseres.
En ese momento, desde el puesto de mando habilitado para el operativo -un espacio cedido por Aqualia en el camino que pasa por detrás del asentamiento- el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló, explicaba que el Ayuntamiento había recibido la autorización para el desalojo de un asentamiento en el que, según sus estimaciones, «hay en torno a 200 personas en el interior».
Salud pública
Los motivos para la autorización del desalojo del terreno tenían que ver, se explicaba en la comparencia ante los medios de comunicación, con motivos de «salubridad y salud pública». El edil del Ayuntamiento de Santa Eulària hablaba de «problemas en el agua que los residentes consumen, además de otros problemas con las fosas sépticas que utilizan». Además, en la zona norte del asentamiento «se encuentra una tubería de agua que da suministro a la ciudad de Ibiza, que podría ser dañada por la valla que han situado alrededor».
De cara al desalojo, Roselló afirmó que desde el Ayuntamiento se habían habilitado hasta 200 plazas como alternativa habitacional para los desalojados, aunque no especificó la tipología de estas. También afirmó que no contaban con los informes de vulnerabilidad del lugar -algo que sería clave a posteriori- porque «en ningún momento se había permitido el acceso al interior ni de Policía Local ni de Servicios Sociales».
Desalojo
Bajo estas órdenes, decenas de personas comenzaban a organizarse para recoger sus bienes, desde los más pequeños hasta grandes electrodomésticos. Un vaivén constante de gente recorría el asentamiento cargado de bolsas, mochilas y maletas que depositaban en los vehículos disponibles -algunos de ellos incluso habían de ser empujados por servir más habitualmente como vivienda que como vehículos-.
Más allá del frenético movimiento de personas que se sucedía por las inmediaciones del lugar, todo transcurría de una manera pacífica y tranquila, lejos de imágenes como las que se produjeron el pasado verano durante el desalojo del primer asentamiento de Can Rova, donde la intervención de los antidisturbios ante la negación a abandonar el terreno provocó cargas y confrontaciones físicas.
Suspensión
Sin embargo, todo cambiaba a media mañana. Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Vila y enlace entre los residentes y su abogado, aseguraba en el espacio colindante al terreno que David Fechenbach, representante legal de cerca de una treintena de familias del asentamiento chabolista, había presentado un escrito urgente ante el el juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Palma para suspender el desalojo.
En ese momento, la mayoría de la gente cesaba en sus esfuerzos por retirar los enseres del lugar, quedando la situación en un impasse a la espera de la decisión judicial, que finalmente llegaría unas horas después y pondría fin a ese cese de las actividades en la zona.
Poco después de las 14.00 horas, llegaba el comunicado en el cual la jueza aceptaba la presentación del escrito urgente por parte del abogado en el que se solicitaba la suspensión por «un incidente de vulnerabilidad», motivo por el cual el desalojo era suspendido de inmediato.
A partir de ese momento, toda la gente que había dedicado las primeras horas de la mañana a la recogida de sus enseres emprendía el camino de vuelta al terreno, con una notable emoción por el hecho de poder volver a sus viviendas, por muy precarias que estas sean. Con ello, a partir de las 15.30 horas ya regresaban los más rezagados y prácticamente todos volvían a situarse en el interior del asentamiento, protegido del exterior mediante un conjunto de vallas y telas. Los efectivos policiales también abandonaban el lugar.
Cauce legal
El representante de los residentes, David Fechanbach, afirmó a Periódico de Ibiza y Formentera que «se ha actuado de mala fe, porque no ha habido notificación previa a mi persona del desalojo, cuando es algo público que soy la parte defensora» Además, puso el foco en el informe de vulnerabilidad, motivo por el cual ha sido suspendido el desalojo: «Las 26 familias que represento están dispuestas a realizar ese estudio para que quede constancia en los Servicios Sociales».
Ahora, se abre un periodo de cinco días en los cuales la parte que ha llevado el caso a los juzgados, en este caso, el Ayuntamiento de Santa Eulària, presente un recurso de reposición en un plazo de cinco días algo que, por el momento, desde el Consistorio están estudiando.
Fuera de la isla ya. Si no te puedes permitir vivir conforme a lo legal, hay mucho sitio en el mundo más asequible