La nueva Ley 1/25, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia contempla medidas para agilizar el funcionamiento de los órganos judiciales, reducir plazos y facilitar el acceso a otros medios de resolución de conflictos, aunque lo cierto es que ha provocado una avalancha de asuntos en todos los juzgados.
Cabe recordar que a partir de su entrada en vigor, el pasado 3 de abril, se exige acudir a un medio alternativo de resolución de controversias antes de interponer una demanda.
Para evitar este requisito, fueron recibidas antes de esa fecha «cantidades ingentes de demandas que han colapsado los tribunales», lamentó ayer el juez decano Sergio González Malabia refiriéndose a la situación en Ibiza.
En concreto, en relación a los asuntos civiles registrados, el pasado marzo se repartieron un total de 1.596 casos frente a los 689 registrados durante el mismo periodo de 2024. «Son más del doble, causando ese colapso tremendo para poder digerir todas esas demandas», insistió.
Tras la entrada en vigor de la norma, entre el 3 y el 8 de abril, se contabilizaron únicamente 80 asuntos en los juzgados de Ibiza. Sin embargo, del 24 de marzo al 3 de abril fueron un total de 984 y del 31 de marzo al mismo 3 de abril, 502.
El juez decano reconoció que en estos momentos puede existir «cierto temor y desconocimiento» sobre cómo las partes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos ahora exigidos. De ahí que a partir del día 3 hayan bajado los asuntos presentados.
«Una medida que pretendía mejorar la eficiencia en la administración de Justicia, de momento ha ocasionado un caos tremendo en la interposición de demandas. Una vez está en vigor, al tener que agotarse los mecanismos de resoluciones extrajudiciales, a las partes les supondrá una pérdida de tiempo porque deberán llevar a cabo una actuación previa que alargará el plazo necesario para contar con una resolución», explicó el magistrado.
González Malabia señaló que, probablemente, estos procedimientos previos acabarán convirtiéndose en «una especie de pantomima»que las partes intentarán agotar para interponer después la demanda, perdiendo así un tiempo «muy valioso».
«La eficiencia que se pretendía conseguir con la ley no se logrará, primero por la gran cantidad de demandas interpuestas tratando de evitar el requisito y segundo, porque los procedimientos previos conllevarán también un determinado tiempo», manifestó.
Recientemente, en una reunión mantenida entre el juez y el senador autonómico Miguel Jerez se destacó que la nueva ley «ha reventado la normalidad en los juzgados» al multiplicar las demandas sin aumentar los medios. Por ello, Jerez resaltó la necesidad de contar con un nuevo juzgado de lo social en Ibiza ante el aumento de litigios en materia laboral, así como un juzgado de lo contencioso-administrativo.
En el juzgado de Ibiza cualquier cosa nueva o imprevista es un caos.