La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza ha expresado este miércoles su «profunda indignación» ante la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que ha concedido una prórroga de un año a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), actual gestora del Port Nàutic Eivissa.
Según han afirmado en un comunicado, la prórroga fue aprobada este martes con el único voto en contra del vicepresidente del Consell de Ibiza, Mariano Juan, mientras que el conseller por Formentera se abstuvo.
Los amarristas han criticado que la decisión se produce pese a las denuncias presentadas por esta asociación a lo largo del último año, alertando sobre presuntos incumplimientos graves y reiterados en la gestión de la instalación, como amarramientos fuera de normativa, ausencia de servicios comprometidos como la escuela de vela o el fomento de regatas y un incumplimiento sostenido del proyecto con el que la empresa obtuvo la autorización.
La APB ha justificado su decisión en un informe favorable que atribuye los retrasos de los proyectos a los efectos de la DANA, un argumento que los amarristas han tachado de «insulto a la inteligencia de los usuarios y de la ciudadanía. Es más, es un insulto a quienes realmente sufrieron la DANA».
Según han explicado también, una DANA puede justificar un retraso en el movimiento de tierras para el dique, pero no impide ni hacer un proyecto de ejecución ni mucho menos poner en marcha una escuela de vela. «Llama poderosamente la atención que la APB haya admitido una justificación tan débil sin exigir documentación concluyente que la respalde», han lamentado los amarristas.
También han asegurado desconocer si la adjudicataria ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución y el acta de replanteo, entre otras cosas.
Además, la APB ha afirmado que mantiene abierto un supuesto «proceso instructor y diligencias informativas» contra los incumplimientos, pero no ha incoado ningún expediente sancionador, ni ha iniciado procedimiento de caducidad. «Esta inacción, en un contexto de reiteradas denuncias y una gestión claramente deficitaria, resulta incomprensible e injustificable», han insistido.
La asociación ha alertado de que no es la primera vez que la Autoridad Portuaria actúa «con temeridad y desprecio por el interés general». Por ello, ha exigido a la APB que publique de inmediato los informes técnicos o jurídicos, fechas de presentación, proyectos de ejecución, acta de replanteo (si los hay) y cualquier otra documentación que haya servido para adoptar esta prórroga.
De lo contrario, han advertido, se consolidará la percepción de una administración cómplice de un modelo de gestión opaco, que protege a un operador privado en perjuicio del interés público.