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Indignación entre los amarristas del Náutico de Ibiza tras las prórrogas a Port Nàutic

La Asociación de Amarristas acusa a la APB de encubrir los incumplimientos de PyLS

Las instalaciones gestionadas por Port Nàutic Ibiza

| Ibiza |

La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza ha mostrado este miércoles su «profunda indignación» ante la decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de otorgar a PyLS dos prórrogas, una para mantener la gestión de las antiguas instalaciones del club 12 meses más y otra de seis meses para poder terminar de construir, trasladar a Ibiza e instalar el dique flotante. A estas prórrogas, solo se opuso el representante del Consell de Ibiza en el consejo de administración de la APB, el conseller Mariano Juan.

En un comunicado, la Asociación de Amarristas ha recordado que esta decisión se ha aprobado «a pesar de las numerosas denuncias presentadas» por esta entidad desde mayo del año pasado. Denuncias en las que se alertaba «sobre presuntos incumplimientos graves y reiterativos» por parte de PyLS en la gestión de las antiguas instalaciones del CNI: «amarres fuera de normativa, ausencia de servicios comprometidos como la escuela de vela o el fomento de regatas y un incumplimiento sostenido del proyecto con el que la empresa obtuvo la autorización».

La Asociación de Amarristas considera «un insulto a la inteligencia de los usuarios y a la ciudadanía» que la APB haya admitido como argumento para retrasar la instalación del dique la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre. «Es más», ha añadido la entidad en su nota, «es un insulto a quienes realmente sufrieron la DANA». Y es que, a juicio de esta asociación, un temporal «puntual» podría «justificar un retraso en el movimiento de tierras para el dique pero no impide ni hacer un proyecto de ejecución ni mucho menos poner en marcha una escuela de vela, organizar regatas o cumplir con el resto de servicios comprometidos, que nada tienen que ver con el clima ni con Alicante». «Llama poderosamente la atención que la APB haya admitido una justificación tan débil sin exigir documentación concluyente que la respalde», ha denunciado la Asociación de Amarristas.

La misma entidad también ha señalado «la falta total de transparencia» con la que está actuando la APB en esta concesión. Y han puesto como ejemplo la falta de información pública sobre cuestiones como la aprobación del proyecto del dique. En este sentido, la asociación ha recordado que ha presentado varias solicitudes de información al respecto ante la APB y que el ente portuario no ha respondido a ninguna de ellas. Algo que alimenta «la sospecha de que se está actuando de espaldas a los principios de legalidad y control que deben regir toda actuación pública».

La Asociación de Amarristas ha recordado que no es la primera vez que la APB «actúa con temeridad y desprecio por el interés general». Y ha recuperado la sentencia 207/2020 del TSJB que dejaba constancia de la «temeridad en la actuación procesal de la APB, que prefirió insistir en la defensa del acto impugnado, pese a las claras y reiteradas advertencia de ilegalidad expresadas por esta sala». «Parece que esta actitud contumaz lejos de corregirse se ha consolidado como práctica habitual», han lamentado los amarristas del Náutico, «mientras la defensa del interés general, que debería ser su principal deber, brilla por su ausencia».

Ante esta situación, la Asociación de Amarristas ha exigido a la APB que «publique de inmediato los informes técnicos y/o jurídicos, fechas de presentación, proyectos de ejecución, actas de replanteo (si los hay) y cualquier otra documentación que haya servido para adoptar esta prórroga». De no hacerlo, ha advertido, «se consolidará la percepción de una administración cómplice de un modelo de gestión opaco, que protege    a un operador privado en perjuicio del interés público».

Para la Asociación de Amarristas, la APB está «premiando» a PyLS a pesar de sus incumplimientos. Algo que considera que es «una muestra más del descrédito institucional que arrastra esta administración, que parece haber olvidado que su función es proteger el bien común, no encubrir el fracaso de una adjudicataria incumplidora».

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