El Consell d’Eivissa ha planteado este martes en la Comisión de Consells Insulars del Parlament la necesidad de adaptar parcialmente el Decreto ley 3/2025 —centrado en proyectos residenciales estratégicos en Palma— para agilizar la reactivación de suelos en la isla de Eivissa. Eso sí, con condiciones muy específicas. El objetivo: habilitar viviendas asequibles dirigidas exclusivamente a residentes de larga duración, sin fomentar el crecimiento demográfico ni la urbanización de espacios naturales.
El vicepresidente primero de la institución ibicenca, Mariano Juan, ha recalcado que esta medida solo contará con el apoyo institucional si se garantiza legalmente que los terrenos ya sean urbanos o urbanizables o, en el caso de áreas de transición, estén rodeados de zonas urbanas. Además, todo lo que se construya deberá ser a precio limitado: Viviendas de Protección Oficial (VPO), Viviendas a Precio Limitado (HPL) o equipamientos dotacionales, como por ejemplo para personal educativo u otro colectivo funcionarial.
Juan ha subrayado que en una isla como Ibiza, «habilitar nuevo suelo debe servir para las familias que ya viven aquí desde hace años», y no como excusa para atraer más población. En esa línea, ha recordado que tanto las HPL como las VPO la ley ya prevé reservarlas a personas con al menos cinco o diez años de residencia en la isla, por lo que «los efectos demográficos serán prácticamente nulos».
Como ejemplo de la asequibilidad de estas futuras viviendas, el vicepresidente ha mencionado una vivienda de 70 metros cuadrados útiles, cuyo precio máximo de venta sería de 258.113 euros según las tablas de valoración de la HPL. «Muy por debajo del precio actual de mercado y una oportunidad real para las clases medias que hoy quedan excluidas del acceso tanto a la vivienda libre como a la protegida», ha añadido.
Juan también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política y ha pedido que no se confunda a la opinión pública. «Eivissa no tiene que copiar lo que se aprueba para Palma, sino redactar su propia solución», ha dicho, defendiendo que se tomen decisiones valientes pero siempre dentro de un marco de sostenibilidad y respeto territorial.
Una de las claves del plan será la creación de suelo público mediante ordenación directa. Según la propuesta, dos terceras partes del suelo transformado deberá pasar a manos de los ayuntamientos, lo que permitirá impulsar más equipamientos municipales y zonas verdes.
Para concluir, el vicepresidente Juan ha lanzado un mensaje esperanzador a la ciudadanía: «No podemos resignarnos a que la única alternativa sea que el Estado construya o que nuestros jóvenes tengan que emigrar. Existen fórmulas reales para construir a precio razonable solo para residentes. Es hora de construir para la gente de Ibiza».
XEn España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica financiada por el Estado a través del Gobierno de España, concretamente gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Tesorería General de la Seguridad Social. Los fondos provienen de los presupuestos generales del Estado, que se nutren principalmente de los impuestos recaudados (como IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc.). Por tanto, se podría decir que el IMV lo pagan indirectamente los contribuyentes a través de sus impuestos, ya que es una política pública de redistribución destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Deja de desinformar y esparcir bulos