El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ha abierto un segundo expediente sancionador contra los promotores de unas obras ejecutadas sin licencia en una casa payesa protegida por Patrimonio que se encuentra ubicada en Sant Llorenç.
El pasado mes de febrero, el Consistorio decretó el precinto de las obras de ampliación y cambio de uso de la vivienda. Pese a ello, los trabajos continuaron, por lo que ahora se ha incoado otro expediente sancionador que podrá llegar a 494.455 euros, cantidad que se sumará a los 257.525,25 euros del primer expediente.
Además, el caso ha sido remitido a Fiscalía que podría iniciar acciones penales contra los promotores. Para tramitar esta última sanción, habrá que esperar a los próximos pasos de la Fiscalía.
«Los responsables, a día de hoy, siguen sin haber presentado ningún proyecto para restablecer la zona a su estado original. Por tanto, en breve vamos a impulsar también las multas coercitivas», señalaron ayer fuentes municipales, que resaltaron la gravedad de actuar como se ha hecho en este caso, rompiendo los precintos de unas obras ilegales y haciendo caso omiso a las indicaciones.
En febrero, en una operación conjunta con el Departamento de Obras, Ministerio de Trabajo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, se pudo comprobar además que algunos trabajadores en la obra carecían de permiso laboral y residencia en España, procediéndose a la incautación de maquinaria y herramientas como medida cautelar para detener los trabajos. Las inspecciones se habían iniciado en abril de 2024 cuando se constató la ejecución de varias actuaciones sin licencia y en ese momento se procedió a la apertura de un expediente de disciplina urbanística.
Reforma integra
En un primer instante, la infracción detectada consistía en una reforma integral de la vivienda existente, incluyendo modificaciones estructurales, incremento de volúmenes y, de manera relevante, la demolición completa y reconstrucción del ala oeste en ambas plantas de la vivienda. Además, se pretendía realizar un cambio de uso en dos anexos. «Al tratarse de una casa payesa inventariada en el registro de la Conselleria de Patrimonio del Consell Insular, la actuación se encuadra como una infracción muy grave», aseguraron entonces desde el Consistorio. Según ha podido saber este periódico, la empresa proyectaba hacer un hotel en esta casa payesa catalogada. Para ello, aumentaron la altura del texto, añadieron un anexo de más de 100 metros cuadrados pegado a la casa y demolieron los corrales para levantar otro anexo. A ello se suma que convirtieron el safareig de la casa en una piscina ilegal.
Posteriormente, se inició el Expediente de Restablecimiento a la Legalidad Urbanística conforme al Art. 188 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares. En dicho expediente se ordenó la inmediata suspensión de las obras, finalizando con la orden de restablecimiento a la realidad física alterada de la vivienda. A continuación, se abrió el expediente sancionador por la infracción urbanística en el que se proponía esa primera multa de 257.525,25 euros.
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