La Delegación del Gobierno en Baleares recordó ayer al Ayuntamiento de Santa Eulària que únicamente tiene competencia para garantizar el orden público en el asentamiento de Can Rova 2 en el caso de que se ejecute un lanzamiento ordenado por los juzgados.
Según explicaron a este rotativo desde la Delegación, el caso está judicializado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están a disposición de lo que dicten los tribunales.
Sin embargo, cualquier decisión en materia de servicios sociales o urbanismo corresponde al Ayuntamiento que es el que, en cualquier caso, debe asumir y ejercer su competencia, indicaron desde la Delegación del Gobierno en Baleares.
De esta manera, la Administración estatal contestaba a las críticas del Ayuntamiento de Santa Eulària, que el pasado jueves anunció que había presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo con el objetivo de solicitar amparo ante la grave situación generada por la proliferación del asentamiento ilegal.
En el texto, el Consistorio denunció la pasividad mostrada tanto por la Administración General del Estado (AGE) como por los órganos judiciales competentes para hacer frente a esta problemática.
También aseguró haber realizado desde 2024 múltiples actuaciones, tanto administrativas como judiciales, «para frenar la consolidación de un núcleo de infraviviendas que, además de ser ilegal en suelo rústico protegido, presenta evidentes riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla de Ibiza».
El Consistorio expresó su preocupación por los menores residentes en Can Rova 2 puesto que «no son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y no debe legitimarse como una forma de vida digna».
Uso político del PSOE
Por otra parte, socialistas de Santa Eulària emitieron este viernes un comunicado para exigir una «actuación urgente» del Consistorio con el Consell, una petición que llevarán al pleno que se celebrará esta semana que viene.
Por otra parte, socialistas de Santa Eulària emitieron este viernes un comunicado para exigir una «actuación urgente» del Consistorio con el Consell, una petición que llevarán al pleno que se celebrará esta semana que viene. Desde el Consistorio contestaron que han ejercido «todas las acciones posibles, en tanto que son competencia del Ayuntamiento de Santa Eulària, ya han sido llevadas a cabo para abordar esta problemática». En este sentido, recordaron que en septiembre de 2024 y enero de 2025 el Consell d’Eivissa convocó una junta de seguridad para abordar la situación «y solicitar las acciones pertinentes en materia competencial». Desde la Villa del Río insisten en que es «imprescindible contar con la ayuda del Estado en este asunto, dado que tiene las competencias en materia de vivienda, menores y extranjería, que son fundamentales para poder ofrecer una solución integral y efectiva a la problemática de este asentamiento ilegal». Recordaron, además, que la situación de Can Rova 2 «está actualmente judicializada», razón por la que exigieron a los socialistas «que no se politice un tema tan delicado como el de Can Rova 2 para obtener rédito político de los más desfavorecidos».
Cuando arda todo y muera alguien (como ya pasó en el edificio Okupa de Es viver) se empezarán a preocuparse del tema #chabolasFUERAya!