Hace una semana, el presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí, alertaba sobre el «alto riesgo de incendio» existente en asentamientos ilegales como el de Can Rova 2, por lo que avanzaba la intención de las autoridades ibicencas de erradicar estos espacios. De hecho, en el último Consell de Alcaldes celebrado el pasado viernes se reclamó la implicación de la Delegación del Gobierno en la lucha contra la proliferación de estos campamentos ilegales en la isla. «Nos tenemos que implicar todos más para evitar estas situaciones. Los alcaldes están muy solos», indicó Marí.
En este sentido, anunció que iban a pedir una reunión con el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.
Tras el incendio declarado ayer en Can Rova 2, el presidente advirtió: ha sido un aviso de la peligrosidad que existe en este lugar, principalmente para las personas, pero también para el medio ambiente.
«Llevamos tiempo alertando sobre ello», insistió.
En este sentido, Marí destacó los esfuerzos que viene realizando el Ayuntamiento de Santa Eulària desde hace tiempo para poner fin a esta situación. «El incendio ha sido un aviso de lo que realmente podría pasar. Podría ser una tragedia de dimensiones incalculables y, por tanto, la única solución es desmantelar el asentamiento y atender a las personas que están en riesgo de exclusión. Hoy ha sido un aviso y mañana será una tragedia y no se puede permitir. Es una bomba de relojería y no se puede esperar un minuto más para actuar», reiteró el presidente.
Vicent Marí consideró que todas las administraciones con algún tipo de competencia deben implicarse en el problema del chabolismo. «La situación es gravísima y muy preocupante», dijo también.
El presidente confió en recibir pronto noticias sobre la reunión en la Delegación del Gobierno para poder abordar esta cuestión y rechazó «excusas y demagogias» que pudieran producirse desde determinadas administraciones para justificar su inacción en este tema.
«La única solución en este momento es desalojar ese lugar y lograr los permisos necesarios para ello. La Administración central tendrá que tomar cartas en el asunto porque no se puede mirar hacia otro lado y dejar que sólo sea una responsabilidad local. Todos tenemos responsabilidades en esto», concluyó.
Cabe recordar que la Delegación del Gobierno en Baleares respondió la pasada semana a las críticas del Ayuntamiento de Santa Eulària que presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo solicitando amparo ante la grave situación de Can Rova 2. La Delegación del Gobierno en Baleares recordó entonces al Consistorio que únicamente tiene competencias para garantizar el orden público en este lugar en caso de que se ejecute un lanzamiento ordenado por los juzgados.
Según explicaron a este rotativo desde la Delegación, el caso está judicializado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están a disposición de lo que dicten los tribunales. También insistieron en que cualquier decisión en materia de servicios sociales o urbanismo corresponde al Ayuntamiento.
JoanPero tú no eres el anteriormente conocido como Nick son?