El Ayuntamiento de Santa Eulària ha confirmado que el próximo martes 15 de julio, a partir de las 9 de la mañana, comenzará el desalojo y desmontaje del asentamiento de Can Rova II. Así lo explicó Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguridad Ciudadana, tras recibir la autorización judicial correspondiente para llevar a cabo esta actuación.
Desde el Ayuntamiento ya se está trabajando en coordinación con varios departamentos municipales, como Policía Local, Urbanismo, Medio Ambiente y Bienestar Social, además de solicitar la colaboración de la Guardia Civil para asegurar el correcto desarrollo del operativo. La Guardia Civil movilizará efectivos desde fuera de la isla para apoyar en las tareas de desalojo y garantizar la seguridad tanto de los residentes del asentamiento como del personal encargado de las labores de desmontaje y limpieza.
El Ayuntamiento ha informado que desde este martes se está comunicando a los habitantes del asentamiento la fecha y hora del desalojo, mediante carteles y la intervención del representante legal de los residentes. Se ha dado de plazo hasta el día 15 para que abandonen voluntariamente la zona.
El departamento de Bienestar Social ha reforzado su atención a partir de este martes y hasta que sea necesario para atender a las personas afectadas. Además, se les facilitarán los medios para contactar con los Servicios Sociales de Santa Eulària y es Puig d’en Valls. También se realizará una valoración individual de la vulnerabilidad de cada persona que lo solicite, para ofrecer la asistencia adecuada.
Antes de proceder con el desalojo, se desconectarán todas las instalaciones precarias de luz y gas del asentamiento que han sido identificadas como peligrosas tras el incendio de hace unas semanas. Asimismo, se realizarán inspecciones para asegurar la seguridad en la intervención, dado que se detectaron hasta 18 focos de posible riesgo en las caravanas y viviendas.
La experiencia del primer desalojo en Can Rova, hace aproximadamente un año, ha servido para mejorar la planificación y coordinación en esta segunda actuación. En aquel momento, la falta de un representante de los residentes dificultaba la comunicación y organización, situación que ha cambiado ahora con la presencia de un representante legal. Por otra parte, la actuación judicial que obligó al desalojo de Can Rova fue solicitada por la propiedad, mientras que en esta ocasión la iniciativa parte del Ayuntamiento debido a las condiciones de riesgo detectadas en el asentamiento.
Además, sobre la posible presencia de personas en situación irregular, se solicitará apoyo a la Policía Nacional y a los departamentos competentes para la regularización y actuación correspondiente.
Próxima parada: Can Rova 3