Alcaldesa de Santa Eulària desde 2019, Carmen Ferrer Torres (Ibiza, 1967) está considerada como una de las políticas más sensatas de Ibiza. Especialmente preocupada por cuestiones como la familia o la salud mental, Ferrer se enfrenta en este mandato al gravísimo problema de los asentamientos. En breve, y si la Justicia no dice lo contrario, se llevará a cabo el desalojo del de Can Rova II y la alcaldesa tiene claro que el problema, que afecta a toda la isla, no tiene solución a corto plazo.
— Los asentamientos se han convertido en los protagonistas de estos dos primeros años de mandato. ¿Esperaba que esto sucediera?
— No creo que nadie lo esperara. Además, no creo que esto sea un problema de uno u otro ayuntamiento. Se trata de una situación que afecta a la isla. Y no creo que tengamos una solución directa para este tema. Por ejemplo, el caso más inmediato es el de Can Rova II. Ahí podemos ver que la capacidad y las competencias del Ayuntamiento son muy limitadas. Hay que plantearse esto de otra forma. El tratamiento de estos asentamientos tiene que ser mucho más inmediato.
— Pero hay una mesa en la que se está abordando el problema. ¿Qué es lo que usted echa en falta?
— La posibilidad de actuar inmediatamente. Cuando uno detecta que hay una instalación ilegal porque es suelo rústico, uno toma nota, informa a los que están haciendo la actuación y también a la propiedad. El resto del proceso ha de seguir un trámite administrativo que se alarga por muchísimas cosas. En el caso de Can Rova II se actuó a nivel policial y de servicios sociales y hemos llegado a tener que hacer unos informes para justificar esas intervenciones.
— Los políticos dicen que «no se pueden normalizar este modo de vida en la isla». Pero la realidad es que esta gente no tiene vivienda y trabaja.
— Es lícito que cualquiera pueda venir a la isla a buscarse la vida y a trabajar. Pero no hay solución habitacional. Y lo que no podemos hacer es decir que no pasa nada porque me pongo en un campamento y sobrevivo. Por parte de los recursos turísticos, intentan de muchas maneras buscar soluciones habitacionales. Pero quien viene y no la tiene, no puede tener la impresión de que no pasa nada si va a un asentamiento. Ni siquiera es una solución habitacional digna. La isla carece de vivienda y la solución no será rápida.
— Sin vivienda no hay trabajadores suficientes.
— El círculo es complicado porque necesitamos profesionales de todo tipo. Pero un asentamiento no es la solución. Quienes son responsables están poniendo las medidas que están en su mano. Los ayuntamientos damos ayudas al alquiler, a la primera vivienda, etc. Y, además, estamos poniendo los terrenos que tenemos. En nuestro caso es importante haber puesto los terrenos que tenemos en la zona de Puig d’en Valls, 3.000 metros cuadrados. Hacemos un concurso para la cesión del terreno durante 75 años. Y tenemos ya empresas para construir ahí viviendas. Hemos aprovechado el decreto del Govern para darle más intensidad de uso, es decir, más viviendas en el mismo espacio y a precio limitado. Por otro lado, hemos hecho lo de la reconversión de locales para vivienda a precio limitado. El Govern, por su parte, también está tomando medidas como la de Lloguer Segur. Pero estas medidas darán su fruto en un tiempo. El Gobierno, por su parte, tiene la Ley de Vivienda. Y creo que deberíamos revisarla todos juntos porque allí donde se ha aplicado para limitar precios, con buena voluntad, no ha tenido los resultados esperados.
— Lloguer Segur es un fracaso en Ibiza.
— No podemos decir ahora mismo que sea un fracaso o un éxito. Al principio lo vimos con buenos ojos y ahora hay que revisar cosas como si las cantidades fijadas son las adecuadas para Ibiza.
— Casi 1.500 euros al mes no creo que sea una renta baja. Además, este programa hace que se caiga el argumento de que los propietarios necesitan seguridad jurídica para alquilar.
— Seguramente, hemos de hacer un mejor esfuerzo informativo y ver dónde falla. A priori, tanto las cantidades como las características deberían facilitar la salida de vivienda al mercado del alquiler. Si está fallando, o no lo hemos difundido bien o hemos de revisarlo. Pero no es un mala propuesta.
— El desalojo de Can Rova II está previsto para el 15 de julio y el abogado de los residentes ha pedido que se aplace al 31 de agosto. ¿Qué cree que va a pasar?
— Es contraproducente pedir que se desaloje por un tema de seguridad y esperar a que pase algo antes del 31 de agosto. Nosotros hemos de ser coherentes con nuestra argumentación. En estos momentos hay un tema administrativo que sigue su proceso. Pero lo que pusimos encima de la mesa y lo que hemos dicho en todos los estamentos es que hay informes de cómo está el sistema eléctrico, de las fosas sépticas, de la insalubridad para las familias, del tema del agua y del riesgo de incendio. La acumulación de gente no facilita las cosas. Si en abril estábamos yendo a los juzgados para dar la voz de alarma de la importancia de dar seguridad a esa gente y al entorno, obviamente, ahora todavía es más. Creo que el incidente de hace unos días puso en evidencia lo que estábamos advirtiendo. No parece lógico aplazarlo al 31 de agosto cuando todo este trabajo es por la seguridad de la gente que está allí dentro.
— ¿Y si el juez les da la razón?
— Tendremos que acatar lo que diga el juez.
— ¿Le molesta la politización que se está haciendo del problema?
— ¡Mucho! Aquí hay personas, residentes, y creo que el tratamiento que se está dando… desde el primer momento se pidió no politizar esto. La solución nos afecta a todos. Cada persona allí es un caso y lo que nos gustaría es que todo el mundo con interés en trabajar pueda ser feliz en la isla y tener una vida digna. El tema de los asentamientos es muy preocupante y politizarlo es perder energía.
— La lucha contra el intrusismo es otro de los caballos de batalla de este mandato en toda la isla. ¿Qué es lo que más le preocupa en este ámbito?
— Me preocupa que en un destino de éxito que genera una actividad económica importante tienes a unas personas que hacen un esfuerzo y una inversión y luego tienes a otras, intrusos, que recaudan gracias a los que lo hacen bien. Eso es desleal. Además, causa una merma en la calidad. No pagan sus impuestos y abusan del territorio. Me preocupa también la contundencia a la hora de actuar contra esto. Es lo que estamos haciendo entre el Consell y los ayuntamientos, ahora con más recursos. Tenemos que avanzar en esa contundencia para desanimar al que viene a hacer esto. La temporalidad hace que sea difícil el poder llegar en poco tiempo a esa actividad ilícita. Esto es lo que más me preocupa, ser contundente contra los intrusos y justo con quienes llevan muchos años trabajando de forma constante, invirtiendo en todo, en establecimientos, en trabajadores…
— Santa Eulària ha sido el primer ayuntamiento en poner un multazo por alquiler turístico ilegal basándose en criterios urbanísticos.
— Sí, nosotros tenemos competencias en urbanismo y actividad. Cuando tú tienes una instalación que no está para una actividad turística, podemos actuar. A nivel turístico actúa el Consell. Nosotros lo hacemos en base a nuestras competencias. Y pasamos el expediente al Consell para que también actúe desde la competencia turística. Y viceversa. En 2017 nosotros empezamos a cambiar la normativa cuando se dio la posibilidad de que los edificios plurifamiliares pudieran tener uso turístico. Siempre hemos estado en contra de esto. La mezcla de residentes con usos turísticos lleva a conflictos y, además, son edificios que no están preparados para llevar a cabo una actividad económica. Así que prohibimos esa actividad turística. Pero la carga de la prueba era más complicada. Ahora lo que hemos hecho es simplificar para que la actuación pueda ser más rápida y contundente.
— ¿Sigue siendo Santa Eulària un destino de turismo familiar?
— Me gustaría pensar que sí. Estamos trabajando para ello. Y estamos muy contentos porque ha habido un refuerzo por parte del Consell. Es verdad que la isla es muy diversa y atrae mucho a playa y ocio nocturno. Es innegable. Pero el destino está también preparado para familias y es lo que promovemos. Para nosotros tiene que haber un poco de todo y las familias son el turismo más leal al destino. Lo que buscamos es que la familia se sienta bienvenida. Hemos de dar la imagen de que, como isla, somos un destino muy versátil y, como municipio, damos la bienvenida a las familias.
— ¿Cómo afecta esto a la planificación del Ayuntamiento?
— A ver, nosotros somos una Ciudad Amiga de la Infancia (Unicef) y eso está destinado a los residentes. Por ejemplo, el tema de la conciliación es muy importante. Nosotros tenemos escuelas de verano, de Navidad y de Pascua. Hemos hecho una inversión muy importante en desarrollar dos escoletes. Solo teníamos como escoleta pública la del Consell y una en Santa Gertrudis. En total, 79 plazas. A partir de septiembre vamos a tener 111 plazas en Santa Eulària y 79 en Sant Carles. Todo lo que hacemos está destinado a las familias residentes. El turista se puede beneficiar de algunas cosas como los parques o las playas. Pero tiene el recurso turístico.
— No hay muchos ayuntamientos que den tanta importancia a la familia.
— Para nosotros, como le decía, es muy importante ser ciudad amiga de la infancia porque nuestro fuerte son las familias que crecen fuertes y con salud. Por otro lado, en servicios sociales tenemos un servicio de orientación familiar que lleva trabajando más de 10 años. Y este año hemos contratado a una psiquiatra para la gente joven. Queremos atender con más celeridad casos de salud mental que se dan entre nuestros jóvenes y que es un tema que nos ha de preocupar y ocupar. Desde la pandemia, ha habido cambios y hemos de estar atentos a estos cambios. Cada tres o cuatro meses nos reunimos en una comisión en la que tienen representación todos los que pueden decir algo en estos temas: institutos, colegios, alumnos, servicios sociales, menores, policía referente, responsables de servicios de atención familiar… Nos preocupa cómo evolucionan las cosas. Nos preocupan los espacios para los jóvenes. Ahora vamos a centrarnos en el tema de las pantallas. Nuestras actividades quieren ser un aliciente fuera de las pantallas y ahí está el éxito del Festival Barruguet o lo bien que están funcionando los clubes de lectura juveniles.
— Es un municipio muy activo socialmente.
— Sí, lo es. Tenemos programas como Joves al Carrer y está en cada municipio. Hacemos talleres de circo, parkour… en el nuevo parque de Puig d’en Valls una parte es más juvenil, siguiendo precisamente las recomendaciones de los jóvenes a través de la comisión. Creemos que es vital que la gente esté bien en su municipio. Y en eso trabajamos.
— ¿Cuál es su balance personal de estos dos primeros años de mandato?
— Si vemos nuestros compromisos con los ciudadanos y en qué punto están, es positivo. Pero, como siempre, con la prudencia de que hay lo que está planificado y, un tema muy importante, todo lo que hemos consolidado. Ahora estamos contentos de tener que seguir trabajando. Yo soy muy prudente. Por ejemplo, en conciliación familiar tenemos las escoletes prometidas. En vivienda, estamos con las viviendas de precio limitado. En mayores, hemos hecho una mesa, un plan de actividades para promocionar el envejecimiento activo. Estamos contentos porque tenemos el paseo del Racó de s’Alga. Pero también porque nuestros compromisos con la comunidad salen adelante. Este año hemos inaugurado la Escuela de Música y hemos pasado de 90 alumnos a 250. Se ha abierto un abanico de gente iniciada de 0 a 5 años. A eso me refiero cuando le hablo de la satisfacción por ver que la gente responde.
Este equipo con la alcaldesa la primera, es el que no admite criticas ni quejas, como deben estar al leer todos estos comentarios. Si ya no quedan uñas ir a la farmacia que venden calmantes y pociones para no morderse las uñas. Alguien les controla las quejas que reciben? También las cuentan en el portal de transparencia? Que terrenos son los que se venden y tienen que ver con la alcaldesa? Eso puede ser muy grave de ser verdad... pero despues de ver como se actuo con el local del primer teniente... No me extraña nada.