La aplicación de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en la isla de Ibiza continúa generando tensiones entre las instituciones. El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, acusó ayer al ente aeroportuario Aena, la empresa estatal que gestiona el aeropuerto de la isla, de actuar en función de sus intereses económicos y no del interés general.
«Aena está más ocupada en hacer negocio que en ayudar a preservar el modelo de isla que defendemos», afirmó este lunes Marí, resaltando cómo algunos organismos estatales están ocasionando obstáculos a la hora de aceptar esta normativa sostenible, como es el caso de Aena, o de facilitar datos que permita controlar los vehículos que entran a la isla, ya que, según denunciaron desde el Consell, falta colaboración por parte de la Dirección General de Tráfico.
No obstante, el presidente insular lo tiene claro: «La aplicación de esta ley constituye un paso muy importante en la lucha contra el intrusismo, la masificación turística y la saturación de la red viaria de Ibiza». «Ibiza no puede ser una barra libre en la que puedan entrar todos los vehículos que deseen venir a la isla», argumentó Marí, quien recordó cómo la regulación afecta tanto a caravanas sin reserva previa en campings como a flotas de coches de alquiler y vehículos particulares.
Pese a que estas trabas para acceder a la información dificultan realizar un balance de estas semanas de aplicación de la ley, desde el Consell resaltaron un dato muy relevante tras esta medida: haber logrado una reducción significativa del número de vehículos de alquiler. Marí recordó ayer que, frente a las 28.000 peticiones presentadas por las empresas de ‘rent a car’, se ha fijado un límite de 16.000 vehículos.
«Hemos reducido en 12.000 vehículos las flotas que pretendían establecerse en Ibiza este verano. Es un resultado importante y estamos satisfechos de haberlo conseguido en tiempo récord, pese a quienes dudaban de que lo fuéramos a poner en marcha», subrayó el presidente insular. Marí, que agregó que la ley ha llegado «para quedarse», también denunció las «presiones» recibidas por parte de entidades como las navieras, las empresas de alquiler de vehículos y ahora también por parte de organismos estatales como las citadas anteriormente: la Dirección General de Tráfico y Aena.
«El Estado no nos está ayudando. Nos está poniendo obstáculos. La DGT no nos facilita el acceso a la base de datos de vehículos y eso impide instruir las sanciones. Aena, por su parte, está más preocupada por el negocio que por apoyar una medida pensada para el bien de todos», insistió. Cabe recordar, en relación a los problemas entre el Consell y Aena, cómo el presidente del ente aeroportuario, Maurici Lucena, advirtió en una carta que la limitación del número de vehículos de alquiler, especialmente aquellos que operan dentro del aeropuerto, podría derivar en una «masificación» del uso del aparcamiento público del recinto.
Lucena solicitó «soluciones específicas» para los operadores de ‘rent a car’ que cuentan con instalaciones en el aeropuerto de Ibiza. Planteó que se otorgue un trato diferenciado a estas compañías frente a otras que operan en la isla sin presencia en el recinto aeroportuario.
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