Un total de 62 adultos piden ayuda al Ayuntamiento tras el desalojo

En una comparecencia a los medios de comunicación que se daba a partir de las 11.00 horas de este martes, a escasos metros de donde estaba sucediendo el desmantelamiento del terreno, fue Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Eulària, el encargado de dar las pertinentes explicaciones sobre lo sucedido y tratar de dilucidar algunas de las cuestiones que quedaban abiertas. En primer lugar, explicó que «el desalojo se ha producido de manera pacífica, ya que a primera hora de la mañana apenas eran un par de familias las que quedaban sobre el terreno». Sobre el procedimiento que se ha seguido sobre el terreno, detalló que lo primero que se ha hecho ha sido «comprobar que no hubiera instalaciones eléctricas que pudieran suponer un riesgo, localizar las fosas sépticas e inutilizarlas, identificar los vehículos y ver si se determina o no como residuo, verificar que no haya animales».

En segundo lugar, en lo que respecta a Servicios Sociales, el concejal afirmó que, aunque in situ no se haya solicitado la intervención de los técnicos, sí que acudió gente a las oficinas municipales de Puig d’en Valls. Sobre estas ayudas, Roselló no concretó cuáles son «ya que cada caso se estudia de manera particular y lo primero es hacer un estudio de vulnerabilidad», a lo que añadió que «este departamento no puede ayudar en todo lo que quiera sino en lo que se pueda». En este sentido, los adultos que han pedido ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària han aumentado de 43 a 62 tras el desalojo de este martes.    Según los datos actualizados por el Consistorio en un comunicado, a las siete parejas y una mujer sola, que suman 15 adultos y tienen a su cargo 11 menores, se añaden otras 37 personas adultas sin cargas familiares, además de cuatro parejas con mujeres embarazadas, una persona con una enfermedad incapacitante y una persona mayor de 65 años. En este punto es preciso destacar que el Consistorio de la Villa del Río ha reforzado con cinco trabajadoras sociales las oficinas municipales de Puig d’en Valls para atender las peticiones de ayuda tras el desmantelamiento del poblado.

Desde estos mismos Servicios Sociales se instó a las mujeres con menores a su cargo a acudir al servicio de Cáritas, al centro de acogida Nazaret. Sin embargo, no se ofreció un espacio para hombres o personas adultas sin menores a su cargo. Diferente fue el año pasado, con el desalojo del primer asentamiento, cuando sí se habilitaron espacios provisionales como el polideportivo de Puig d’en Valls como alojamiento para estas personas. Sobre esta diferencia, Roselló afirmó que deriva del tratamiento judicial «el año pasado era un mandato judicial por una resolución de una propiedad que había ocupado su propiedad de manera ilegal. En ese auto ya nos pedía que pusiéramos este tipo de recursos a su disposición. En este caso no es la misma situación».

Sobre si se van a pagar los billetes de la gente que quiera partir hacia sus países de origen u otros puntos de la Península, Roselló no lo confirmó propiamente, pero sí que afirmó que «se estudiará el caso particularmente, pero a quienes necesiten esa ayuda económica es una opción», abriendo la puerta así a una opción que ya se llevó a cabo con el primero de los desalojos de Can Rova.

Sobre las acusaciones de trabas en el empadronamiento, tan aludidas por parte tanto de los desalojados de Can Rova 2 como por su representación legal, el concejal de Santa Eulària las negó de manera rotunda.

Futuro del terreno

En cuanto al futuro del terreno y qué se puede hacer para que evitar que se produzca un nuevo asentamiento o ocupación en la zona, Roselló explicó que será la propiedad, una familia afincada en Barcelona, quien ahora habrá de tomar acciones sobre el terreno que, según precisó Roselló, pueden ir desde «vallar la zona para evitar el acceso o arar el terreno para convertirlo en una finca agraria, que es lo se supone que debería ser realmente».

La valoración

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, se pronunció en redes sociales sobre el desalojo.    «La prioridad es la seguridad y la dignidad de todas las personas. No podemos legitimar ni normalizar que alguien llegue con trabajo sin tener resuelto un lugar digno donde vivir», expresó. En este sentido, quiso destacar que en el operativo de este martes «se ha evitado una posible catástrofe humana y medioambiental: decenas de bombonas de butano, conexiones eléctricas extremadamente peligrosas, toneladas de material inflamable y pozos negros en suelo rústico suponían un riesgo inaceptable. También hemos activado los Servicios Sociales municipales y el resto de recursos asistenciales de la isla para atender a las personas vulnerables». Y concluyó agradeciendo a todas las administraciones,    a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, muy especialmente, a nuestra Policía Local, a los Servicios Sociales municipales, a todo el equipo de Medio Ambiente, a los Servicios Jurídicos y a todas las empresas externas «que, con su profesionalidad, han hecho posible un desalojo pacífico y ordenado».