De manera puntual, cuando daban las 09.00 horas, los técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària, acompañados por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil entraban en el terreno del asentamiento de Can Rova 2, para realizar las pertinentes revisiones y certificar que la maquinaria no se iba a encontrar con cuadros eléctricos, posibles elementos explosivos como bombonas de butano o fosas sépticas. Una vez certificado esto, a las 09.00 horas, tal y como estaba previsto, se daba a la autorización a las maquinaria, dos máquinas retroexcavadoras y tres camiones, para que empiecen a retirar todas las chabolas, infraviviendas y resto de mobiliario que hay sobre el terreno. De esta manera comenzaba el desmantelamiento del poblado chabolista Can Rova 2, de una manera completamente pacífica, alejándose así de las imágenes que se sucedieron hace ahora casi un año con el asentamiento original.
Cuando se produjo el primer desalojo, muchas de las personas que vivían sobre el terreno no fueron conocedores del lanzamiento hasta el mismo día, por lo que en ese momento fueron muchas las familias que permanecían en el terreno en el momento del desalojo. En esta ocasión las condiciones han sido diferentes: Santa Eulària colocó unos documentos en los que se informaba de la fecha y hora del desalojo en el propio asentamiento, por lo cual la gente que ahí residía era conocedora de esta situación. Este conocimiento ha permitido que la inmensa mayoría de los tres centenares de personas que vivían en el asentamiento hayan marchado previamente a la fecha del desalojo.
Las pocas personas que quedaban sobre el terreno a primera hora de la mañana de este martes apuraron hasta el último momento para terminar de retirar sus enseres. Por la parte trasera del terreno unas pocas familias llevaban sus pertenencias a los diferentes vehículos, que se detenían en el párking de la superficie comercial contigua. Una vez finalizada la operación, abandonaban el terreno de manera pacífica, lo que hizo que los antidisturbios desplazados hasta el lugar no hayan tenido que desplegarse.
Muchos de los recién desalojados observaban, apenados, toda la maquinaria trabajando para retirar las chabolas que durante estos últimos meses han estado levantando. Otros tantos se reunían, bajo el cobijo de un árbol, en lo que precisamente antaño era la entrada del primer asentamiento. La sensación generalizada es de desesperanza: afrontan su segundo desalojo en un plazo inferior al año. Muchos de ellos buscan vivienda, pero las respuestas que se encuentran, en pleno julio, les exigen en torno a 700 y 800 euros por persona para entrar a una habitación, precio que se hace prácticamente imposible de asumir para todas aquellas familias con niños.
Las cifras
Los adultos que han pedido ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària son en total 62. Según los datos actualizados por el Consistorio en un comunicado, a las siete parejas y una mujer sola, que suman 15 adultos y tienen a su cargo 11 menores, se añaden otras 37 personas adultas sin cargas familiares, además de cuatro parejas con mujeres embarazadas, una persona con una enfermedad incapacitante y una persona mayor de 65 años.
En este punto es preciso destacar que el Consistorio de la Villa del Río ha reforzado con cinco trabajadoras sociales las oficinas municipales de Puig d’en Valls para atender las peticiones de ayuda tras el desmantelamiento del poblado.
De manera paralela a estas conversaciones, la maquinaria seguía avanzando, lenta pero implacable, para retirar todos los residuos e infraviviendas que se han ido acumulando durante casi un año. Estos trabajos comenzaron por la entrada de la zona inferior del terreno, la más cercana a la carretera, y fueron avanzando por esta hasta, finalmente, poder subir a las siguientes. Las tareas van despacio por todas las comprobaciones necesarias antes de que entre la maquinaria, por lo que estos trabajos se extenderán previsiblemente también durante la jornada de este miércoles.
Previo al desalojo, según detalló Santa Eulària, se habían desconectado dos cuadros eléctricos conectados ilegalmente a redes de suministro, 12 instalaciones eléctricas precarias. También se retiraron durante el desalojo de este martes 29 botellas de butano, dos camiones completos de aparatos eléctricos y electrónicos, 10 baterías, tres bidones de aceite, cinco cocinas de gas, dos bidones de combustible, así como otros residuos peligrosos, como placas de amianto y gases refrigerantes.
De esta manera, se pone fin a la existencia de un asentamiento que nació hace poco menos de un año, al calor del desalojo del primer asentamiento de Can Rova, a escasos metros de este terreno.
EL APUNTE
Amplio dispositivo para garantizar la seguridad en el desalojo
Para el desalojo y posterior desmantelamiento del asentamiento de Can Rova II, en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha contado tanto con agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. Por parte de los primeros se contado con 15 agentes de la Policía Local de Santa Eulària, divididos en los grupos de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Intervención Rápida y la Unidad de Drones, Por parte de la Guardia Civil han sido 40 agentes, divididos en diferentes grupos, como los del GRS -Grupo de Reserva y Seguridad- desplazados desde Valencia que, finalmente, no se han desplegado debido a las condiciones pacíficas del desalojo, el grupo cinecológico, el Seprona, unidades de Tráfico o agentes de seguridad ciudadana de la caseta de la Guardia Civil de Santa Eulària. Junto a ellos, cinco han acudido también cinco agentes de la Policía Nacional para atender cuestiones relacionadas con extranjería.
En cuanto a técnicos del Ayuntamiento, han acudido para garantizar la seguridad del paso de la maquinaria, han y, tal y como ha explicado Roselló «técnicos de Servicios Sociales que se han quedado fuera del terreno para atender si alguien requería ayuda o asistencia». Aunque ninguna de las personas que quedaban en el lugar han hecho uso de estos servicios, sí que han acudido diversas personas a las oficinas de Servicios Sociales ubicadas en Puig d’en Valls.
También han estado presentes empresas externas, encargadas de la limpieza y retirada de residuos del lugar, más compleja de lo que pueda parecer en principio, puesto que además del desmantelamiento «hay que hacer una gestión de los residuos que puedan ser peligrosos, como el amianto o la uralita, además de elementos como las baterías, que tienen un tratamiento propio, que pueda ser más lento», tal y como ha explicado Juan Carles Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana.
EivissencIdo vus feis fotre No necesitarias nada si no estubieras aqui pero quereis estar en ibiza si o si pues 2 tazas 10 palets y una lona. Peor q los gitanus d antaño