El vicepresidente del Consell y responsable de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, advirtió ayer: el precinto del alojamiento turístico ilegal de Benirràs ha sido el primero, pero no será el último.
«Es una cuestión de luchar contra la masificación turística en Ibiza generada por el incremento que se había producido de la oferta ilegal. Es una de las prioridades del equipo de gobierno», explicó el conseller.
En este sentido, recordó que una de las peticiones formuladas desde hace tiempo al Govern era la posibilidad de poder precintar pisos o establecimientos turísticos ilegales. «Siempre habíamos obtenido un no por respuesta», señaló Juan, quien destacó que con el cambio de gobierno autonómico y la llegada de la popular Marga Prohens esta posibilidad se convirtió en una herramienta real.
El conseller afirmó que este complejo de Benirràs había incumplido de manera reiterada diversas órdenes tanto del Consell como del Ayuntamiento. «Normalmente, en el 99% de los casos, cuando el Consell hace un requerimiento a los propietarios de una vivienda turística ilegal para que paren la actividad, así lo hacen. Sin embargo, esta gente continuó con la actividad e ignoró todos los requerimientos, por lo que se consideró que debía usarse el precinto», señaló.
Juan reconoció que también están detrás de otras actividades ilegales puesto que, desde la puesta en marcha del Plan de Choque contra el Intrusismo, se han interpuesto «muchos» requerimientos y la mayoría son acatados, aunque no siempre es así.
«El precinto no es más que una orden con un peso legal y lo más importante es que si se vulnera una vez hecho, pasamos a la orden penal», concluyó.
Este viernes, en un operativo conjunto llevado a cabo entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja se procedió al precinto de las instalaciones de un establecimiento que ofrecía alojamientos turísticos de manera ilegal en Benirràs. Se trata del primer precinto de una actividad ilegal turística que se hace en el marco del Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo, que se puso en marcha a mediados de este año en Ibiza y en el conjunto de las Baleares desde que se modificó la ley al inicio de la legislatura.
En concreto, se precintó una vivienda que había sido objeto de varias inspecciones en los últimos meses, constatándose varias infracciones. Entre ellas, se ofrecía alojamiento turístico sin licencia y existía además un centro de yoga ilegal. También se habían construido sin licencia una serie de casitas de madera.
Por parte de los servicios de inspección del Consell se decretó la suspensión de actividad como alojamiento, así como una propuesta de sanción de casi 250.000 euros. El Ayuntamiento, por su parte, formuló una propuesta de sanción de 165.000 euros, además de la prohibición total de continuar con la actividad.