El vicepresidente del Consell d´Eivissa, Mariano Juan, reiteró este sábado en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera que el equipo de gobierno insular no fija sus políticas de actuación en base a los intereses empresariales de unos cuantos, aunque es «legítimo» que compañías como Baleària quieran luchar contra la institución y su limitación de vehículos. Así valoró Juan que la naviera haya presentado una demanda contra el acuerdo del pleno del Consell de 28 de marzo de 2025 que desarrolla la Ley 7/2024 de control de afluencia de vehículos para la sostenibilidad turística. La compañía emitió un comunicado este sábado en el que explica que ha presentado una demanda para pedir la nulidad de la restricción y pide al juez que plantee una cuestión de constitucionalidad.
El político explicó que en el Consell «defendemos lo que, creemos, quieren los ibicencos», que es limitar el número de vehículos en circulación. Juan consideró que «parece que quieren hacer creer que el Consell lo fía todo al cupo de 4.000 vehículos particulares que pudieran desplazarse a la isla con alguna naviera». Sin embargo, este punto es sólo una de las medidas del Plan de Sostenibilidad y hay que recordar que se ha limitado también el número de vehículos de rent a car, así como la presencia de caravanas en zonas no autorizadas.
«Una parte de nuestro plan está relacionado con los residentes y, en este sentido, hay que recordar que en noviembre entrará en funcionamiento una nueva contrata de transporte público con más conectividad. Ellos quieren hacer pensar que sólo hablamos de los cupos de vehículos que vienen de fuera, pero aquí hay un plan mucho más amplio», explicó Juan.
Por tanto, el Consell no ha realizado una medida «inútil, arbitraria, aislada y puntual», tal como afirma Baleària, sino que se trata de un plan con diferentes ramas y un mismo objetivo, insistió Juan.
En un comunicado, Baleària aseguró este sábado que la medida del Consell vulnera dos derechos fundamentales. Por un lado, el de igualdad, al discriminar entre no residentes propietarios y no propietarios, y el derecho a la movilidad, al restringir la circulación por el Estado español. La demanda se fundamenta en un informe técnico-criminológico elaborado por los doctores Esteban Morelle Hungría y María Luisa Cuerda Arnau, del Centro de Investigación de Derecho Penal, Criminología e Inteligencia de la Universitat Jaume I de Castellón, y se basa también en un extenso informe técnico de la consultora Meteoclim.
Según el primer estudio, la medida del Consell es «inadecuada, técnica y jurídicamente» al abordar de forma parcial un problema que precisa de mayor rigurosidad e implementación técnica tanto a nivel de seguridad vial como de sostenibilidad ambiental. También destaca que «es un ejemplo de greenwashing’ normativo, es decir, que proyecta una imagen de compromiso ambiental mediante una medida formalmente restrictiva, pero materialmente ineficaz».
El informe jurídico señala que la medida no incide en la principal fuente de congestión en Ibiza, que es el parque móvil residente.
Además, manifiesta que el Consell no justifica «la elección de esta medida frente a alternativas menos restrictivas y potencialmente más eficaces, ya previstas en planes estratégicos y en experiencias comparadas», como las zonas de bajas emisiones y la mejora del transporte público. Por ello, el informe afirma que se impone «un sacrificio económico al transporte marítimo que supera ampliamente los beneficios ambientales, que serían mínimos o no verificables, contradiciendo el principio de transición justa recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».
También dice que el diseño técnico de la regulación es «ineficaz» por no haber previsto mecanismos de seguimiento y control ambiental y no distinguir por tipología de vehículos y nivel de emisiones. Además, indica que el Consell no dispone de mecanismos para determinar si un vehículo está matriculado en la isla o no, a pesar de cobrar una tasa para poner las medidas de control en
funcionamiento.
En el informe de la consultora se asegura que la limitación no tiene ningún efecto positivo ni para el medio ambiente ni para la movilidad, pero ocasiona daños a presente y a futuro para la actual estructura del transporte marítimo. Alerta además sobre el denominado «efecto llamada» puesto que la restricción puede eludirse empadronando el vehículo en Ibiza.
En este sentido, asegura que entre febrero y junio de 2025 hubo un aumento de las matriculaciones en la isla de más del 70% respecto a años anteriores. «Si se matriculan en Ibiza, es porque están en la isla» replicó Mariano Juan.
Finalmente, la demanda incide en otros aspectos como el incumplimiento de plazos por parte del Consell o la declaración irregular de la urgencia de la tramitación del expediente de la norma tras varios meses parado.
Críticas al transporte público
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, explicó este sábado que, aunque la medida recurrida dejará de tener efecto el 30 de septiembre, la naviera quiere una resolución de fondo. «Pensamos que el acuerdo del Consell es un despropósito político y de gestión y una chapuza jurídica. Tarde lo que tarde la resolución judicial, esperamos que los argumentos y fundamentos aportados en la demanda contribuyan a una reflexión colectiva y global», afirmó.
Al mismo tiempo, incidió en que esta medida restrictiva «perjudica gravemente» a un sector estratégico para Ibiza y puede tener «graves consecuencias»futuras en las frecuencias y en la calidad del transporte marítimo en su conjunto.
Para Utor, la norma del Consell supone una «flagrante discriminación hacia el transporte marítimo ya que mientras que el pasajero de barco tiene que estar pendiente de cupos, tasas y engorrosas tramitaciones administrativas, el de avión puede comprar sin ninguna restricción sus pasajes y reservar su coche de alquiler con todas las facilidades».
«Mientras en Europa se restringe el transporte aéreo en favor del ferroviario y el marítimo, en las Islas Baleares se hace todo lo contrario, atentando paradójicamente contra lo que dicen defender, el medio ambiente y su propia conectividad marítima», concluyó.
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