Catalina Cabrer, nueva consellera de Trabajo del Govern, visitó este miércoles por primera vez Ibiza para ver las diferentes sedes del SOIB y el SEPE y «conocerlas de primera mano». Y lo hizo con una promesa: la del refuerzo de personal en estas oficinas de cara al final de la temporada, en la que centenares de fijos discontinuos terminan la temporada y acuden a recibir sus correspondientes prestaciones, generando habitualmente colas y listas de espera de cara a la atención.
Una medida que ya se implementó el pasado año, con una campaña que comenzó a mediados de octubre y que duró hasta finales de diciembre. Para este cometido, se reforzará el servicio con 24 trabajadores a nivel de Baleares, de los cuales cinco llevarán a cabo su trabajo en Ibiza. «Ya se han hecho las reuniones pertinentes tanto con el SEPE como con el equipo interno de las oficinas. Yo creo que estamos bien de persona», afirmó la consellera balear de Trabajo.
Además, la consellera afirmó que las actuales oficinas del SOIB en Sant Antoni se van a renovar de manera integral para actualizar «unas instalaciones que se han quedado pequeñas». El proyecto está ya «prácticamente terminado» y ahora queda licitar las obras, que ya están presupuestadas. Durante el tiempo que estas oficinas estén cerradas para su remodelación, el servicio se trasladará a unas oficinas que ya han alquilado desde la Consellería en Cala de Bou.
Sobre el balance de la temporada, que desde diversos sectores turísticos está siendo peor de lo esperado, Cabrer incidió en que «los balances hay que hacerlos cuando termine la temporada» y que «todavía es muy pronto para sacar conclusiones, que podrían ser precipitadas». En cuanto al trabajo irregular en la isla, que parece acrecentarse en vista a la proliferación de asentamientos en los que gente sin papeles emprende su camino casi a diario a su trabajo, la consellera explicó que «como dirección general de trabajo no nos consta que haya una situación tan agravada en este sentido».
En este sentido, precisó que el trabajo se realiza junto a la Inspección de Trabajo, que depende del Gobierno Central y con la que «tenemos previstas campañas para controlar este trabajo irregular». En este sentido, afirmó que «sí se sanciona a empresas que tienen a trabajadores de manera irregular, con hasta el equivalente a cuatro años de cotización a la Seguridad Social», aunque Cabrer no detalló cuántas inspecciones o sanciones se han realizado.