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Crisis migratoria

Crisis migratoria: Ibiza amplía los espacios para poder acoger a 100 menores tutelados

Desde el Centro de Menores destacan la «celeridad» en las pruebas de edad a migrantes

| Ibiza |

El aumento de la llegada de menores migrantes no acompañados a Ibiza ha obligado a reforzar la red de atención y protección de estas personas. Actualmente, la isla cuenta con el centro de menores Pare Morey, ubicado en el recinto de sa Coma, y cuatro espacios más de acogida específicos, que son gestionados a través de contratos públicos con entidades, según explicaron las responsables del Centro de Menores del Consell d’Eivissa durante su ponencia en el Encuentro de Agentes Sociales de las Pitiusas, organizado por Cáritas Diocesana.

La sesión, centrada en la realidad de los menores migrantes tutelados, contó con la participación de Pepi Soria, jefa de Sección de Menores; Miriam Guardiola, trabajadora social de acogimiento residencial, y Raquel Ríos, educadora del mismo servicio. Las tres profesionales detallaron el procedimiento que se activa en Ibiza cuando llega un menor no acompañado, así como los principales desafíos a los que se enfrentan los equipos técnicos.

«Cada uno de estos casos tiene sus particularidades: algunos llegan documentados, pero otros no», explicó Soria, quien subrayó que la colaboración entre administraciones en Ibiza es «fluida y efectiva», algo que, indicó, no ocurre en todas las comunidades autónomas. El sistema de protección, que históricamente atendía a un número reducido de menores migrantes, «ha crecido de forma exponencial» en los últimos años. Explicó que, antes de determinar la edad, los recién llegados son acogidos temporalmente. Posteriormente, si la Fiscalía confirma que la persona es menor, pasa a integrarse en el sistema de protección al menor con plenos derechos y garantías.

Esa confirmación, agregaron, implica una intensa labor administrativa y documental, además de la atención residencial. «Hemos pasado de atender a unos pocos casos al año a gestionar una carga de trabajo que se ha multiplicado. Y, además, las llegadas suelen producirse en condiciones de salud muy delicadas, por lo que las respuestas deben ser inmediatas», precisó. Por su parte, la profesional Miriam Guardiola precisó que, actualmente, hay unos 100 menores tutelados por la administración en Ibiza, de los cuales 74 son de origen argelino, aunque también hay jóvenes procedentes de Somalia y Malí. «La administración gestiona 60 casos y del resto se encargan empresas privadas», manifestó.

Las tres coincidieron en que la determinación de edad es uno de los procesos más sensibles. «Cuando un menor llega sin documentación, se le practican pruebas médicas ordenadas por la Fiscalía. Aunque son técnicas pensadas para casos forenses, permiten estimar si la persona es mayor de edad o no», señaló Ríos.

«Si se determina que es menor, aunque tenga barba, para nosotros lo es, y debe recibir la protección correspondiente», precisó e indicó que el acompañamiento por parte de este servicio es integral y continuo. En Ibiza, estos trámites se resuelven con rapidez gracias a «la coordinación entre servicios». «Aquí no tardan más de una semana, mientras que en otras comunidades los menores pueden pasar meses esperando», destacó Soria. Durante ese tiempo, los adolescentes permanecen bajo tutela del Consell «hasta que se demuestre lo contrario».

Al respecto, describieron un proceso de adaptación lleno de dificultades. «Cuando llegan, intentamos ofrecerles una acogida cálida, que se sientan protegidos. Vienen dejando atrás su idioma, su familia y su cultura, con la ilusión de una vida mejor, pero las expectativas chocan con la realidad», señaló Raquel Ríos, indicando que muchos jóvenes piden ser trasladados a otras ciudades como Barcelona o Madrid, sin conocer que la Ley de Protección del Menor y el protocolo para menores extranjeros no acompañados (MENA) establecen su permanencia en el territorio donde fueron tutelados. «Nos hemos encontrado con casos de hermanos separados porque uno fue considerado mayor de edad y otro menor. Es duro, pero debemos cumplir la normativa», comentó. La barrera idiomática y la falta de inmersión cultural son algunos de los principales obstáculos.

Falta de inmersión

«Antes teníamos diez menores extranjeros que convivían con jóvenes locales y aprendían español rápido. Ahora, con más de sesenta, muchos hablan sólo en árabe entre ellos y apenas practican el idioma. Van al CEPA dos días a la semana, pero si no salen de su entorno, es difícil avanzar», lamentó Ríos, insistiendo en que los menores «vienen sabiendo muy bien sus derechos, pero no tanto sus obligaciones». «Nos dicen: tengo derecho a tener papeles, pero les cuesta entender que eso implica responsabilidades, como ir al instituto o seguir unas normas de convivencia», explicaron las responsables durante la ponencia. «La hospitalidad debe ser de ida y vuelta. No se puede morder la mano que te da de comer», resumieron.

El fenómeno migratorio de menores, apuntó, está alimentado también por las redes sociales, que muestran una imagen irreal de Europa. «En internet ven una vida cómoda y llena de oportunidades, pero no se cuenta que muchos terminan durmiendo en la calle o enfrentándose a procesos muy largos para conseguir un permiso de trabajo», comentó una de las asistentes al encuentro.

El camino hacia la integración de estos jóvenes, subrayaron, es largo y está lleno de pasos burocráticos. Primero, se tramita su NIE, luego se empadronan y finalmente se escolarizan. «Hasta que no obtienen el permiso de trabajo, no pueden trabajar. Y si dejan de ir al instituto, eso tiene consecuencias», advirtieron.

Los menores argelinos suelen llegar documentados, lo que facilita el proceso. Sin embargo, en el caso de los jóvenes subsaharianos, la documentación es más difícil de obtener. «Algunos consulados ponen muchas trabas y las relaciones diplomáticas con algunos países están interrumpidas desde hace tiempo», señalaron.

A pesar de las dificultades, los profesionales destacaron el éxito del servicio de interpretación Dualia, que permite comunicarse con los menores en su idioma. «Pocos piden volver a su país», reconoció Soria. «Sólo tuvimos un caso: cuando se le aplicaron las normas del centro y se le retiró el móvil, pidió regresar. Finalmente fue trasladado a Mallorca», concluyó.

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